La acusación fue radicada en la Justicia Federal por los hechos registrados durante la movilización contra la reforma laboral. El Ejecutivo sostiene que existió organización previa y pedirá que se investigue bajo la figura de terrorismo.
El Gobierno presentó una denuncia ante la Justicia Federal por terrorismo contra los responsables de los incidentes violentos que se desataron frente al Congreso durante el debate de la reforma laboral. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, sostuvo que los hechos excedieron lo que normalmente se entiende por una protesta y argumentó que hubo una acción “organizada” con elementos peligrosos como «bombas molotov, bidones de nafta y armas improvisadas”, con la intención de “desestabilizar el orden institucional”.
La presentación judicial se hará en base a la Ley Antiterrorista (N.º 26.734), que prevé penas agravadas para quienes cometan delitos con la finalidad de sembrar terror o condicionar decisiones de autoridades públicas. La ministra enfatizó que la calificación de terrorismo implica una investigación federal más amplia, detenciones sin excarcelación automática y sanciones más severas que las que corresponderían por daños o atentado contra la autoridad.
Monteoliva defendió además el accionar de las fuerzas de seguridad ese día, asegurando que se aplicaron protocolos para dispersar los focos violentos y evitar una escalada mayor, priorizando minimizar heridos entre manifestantes y uniformados. Según la ministra, el operativo utilizó agua, gases y técnicas de desconcentración para alejar a los grupos más conflictivos.
Protestas por la reforma laboral: el Ejecutivo sostiene que hubo planificación previa
El Gobierno también detalló que ya se identificaron más de una decena de personas implicadas en los disturbios, y que continúa el trabajo de cruzar imágenes de cámaras de seguridad con sistemas de análisis biométrico para individualizar a los sospechosos. Entre los identificados hay personas de diferentes edades y procedencias, algunas sin antecedentes y otras con historial delictivo.
La denuncia incluye, además del delito de terrorismo, atentado al orden constitucional y a la vida democrática, resistencia a la autoridad, lesiones graves y daños agravados por el objetivo de generar terror, según el texto presentado ante el juez de turno. Las autoridades solicitaron que se inicie cuanto antes la investigación y que se identifique tanto a los autores materiales como a eventuales instigadores de los hechos.
Desde el Gobierno negaron categóricamente versiones conspirativas que circularon en redes sobre “infiltrados” policiales o provocadores pagos, calificándolas de infundadas y asegurando que toda la actuación está documentada y judicializada.
La presentación judicial se da tras más de setenta arrestos ese día, aunque muchas de esas personas ya fueron liberadas. Además de la denuncia formal, las autoridades señalaron que continuarán con el proceso de identificación y detención de quienes participaron de los actos violentos.
La calificación de terrorismo, si prospera, tiene consecuencias prácticas importantes: habilita una investigación más profunda bajo competencia federal, con pena agravada y mayores mecanismos de control sobre los implicados. Esto también podría marcar un precedente en la forma en que el Estado aborda disturbios graves en manifestaciones públicas.
En el seno del Poder Ejecutivo se justificó la iniciativa señalando que la violencia no fue espontánea ni aislada, sino ejecutada con planificación y con elementos capaces de causar daño físico y social, un punto clave para diferenciarla de las protestas tradicionales.
