La administración de Javier Milei busca reducir a partir de mayo la cantidad de categorías de usuarios subsidiados de dos en el presente (ingresos medios y bajos) a una. Los hogares cuyos ingresos sean inferiores a una canasta familiar y media seguirían teniendo subsidios.
La intención del Gobierno es seguir reduciendo los subsidios al consumo de energía eléctrica, pero fuentes oficiales reconocen que “es difícil salir de un esquema tan regulado como el actual”. En lo inmediato, un objetivo que se han planteado es reducir a partir de mayo la cantidad de categorías de usuarios subsidiados de dos en el presente (ingresos medios y bajos) a una, es decir que el universo se divida entre subsidiados y no subsidiados. Los hogares cuyos ingresos sean inferiores a una canasta familiar y media seguirían teniendo subsidios.
Las autoridades tenían la intención de hacer cambios en el esquema de subsidios a partir de enero, pero por las dificultades técnicas que implican estas modificaciones decidieron “ser rigurosos en el análisis del impacto” y postergar las decisiones.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) están prestando asistencia para ir afinando el sistema de subsidios. En el Gobierno señalan que existen problemas con los datos, razón por la cual están trabajando en mejorar los sistemas de información, tanto en lo que se refiere al hardware como el software, “para que los subsidios vayan a los que realmente los necesitan”.
En este sentido, la secretaría de Energía está realizando una tarea gradual de depuración de la base de beneficiarios, en colaboración con distintos ministerios. Además, realizarán una revisión de tarifas con transportistas y distribuidoras. Se trata de una discusión sobre las tarifas que se van a cobrar y las inversiones en la red para los próximos cinco años.
Normalización
El plan oficial para el año próximo contempla la normalización regulatoria de la energía. Entre la segunda quincena de enero y la primera de febrero se convocarían a audiencias públicas para evaluar los planes de inversiones de las empresas reguladas, los objetivos de mejora en la calidad de los servicios públicos y las necesidades de aumentos de tarifas.
En principio, las autoridades han dejado trascender que la intención del Gobierno es tener definidas nuevas tarifas de luz y gas hacia fines de marzo o principios de abril, con incrementos finales para los usuarios de un dígito.
