El Gobierno promulgó este martes las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario, ambas ratificadas por el Congreso el 2 de octubre luego de que los legisladores rechazaran los vetos del presidente Javier Milei. No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos.
En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas. El argumento replica lo expuesto en septiembre por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, cuando el oficialismo ya había advertido que la falta de partidas específicas impide aplicar leyes que generan nuevos compromisos fiscales.
Financiamiento universitario
La Ley 27.795, promulgada a través del Decreto 759/2025, establece un esquema de financiamiento para las universidades públicas y la recomposición salarial del personal docente y no docente. También contempla recursos para becas estudiantiles, tecnología, investigación y formación académica, con la actualización de salarios según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Según estimaciones oficiales, la implementación plena de la norma demandaría $1,07 billones en 2025 y más de $2 billones en 2026, cifras que el Gobierno considera “inviables” sin una definición del Congreso sobre los recursos disponibles. La Procuración del Tesoro advirtió que aplicar la ley sin fondos específicos sería incompatible con el artículo 5° de la Ley 24.629, que regula la ejecución del gasto público, y podría generar “responsabilidad funcional” para los funcionarios que la implementen.
En respuesta a la dilación del Gobierno para promulgar la ley de Financiamiento Universitario, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) realiza un paro hoy y mañana, ante el vencimiento de los plazos legales para sancionar la norma. Este martes, habrá una jornada de protesta y el miércoles se llevará a cabo un paro de 24 horas en todo el país.
Emergencia pediátrica: foco en el Garrahan y hospitales infantiles
En tanto, el Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año. La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida se estima en $196.270 millones, monto que el Ejecutivo considera difícil de afrontar dado el déficit de $102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud.
El decreto advierte que aplicar la ley sin financiamiento concreto podría afectar programas esenciales, como la entrega de medicamentos a personas vulnerables o la prevención del VIH y otras enfermedades de transmisión sexual. También señala que la norma incluye disposiciones que “invaden competencias del Poder Ejecutivo”, al intentar derogar resoluciones del Ministerio de Salud, lo que (según el Gobierno) vulneraría la división de poderes.
Contexto político
Las dos leyes fueron aprobadas con amplio respaldo opositor, luego de que el Senado volteara los vetos presidenciales. En ese marco, el Ejecutivo decidió promulgar las normas para cumplir con el trámite formal, aunque condicionó su ejecución a la disponibilidad presupuestaria.
El vocero presidencial, Manuel Adorni, buscó relativizar las tensiones políticas y económicas al asegurar que “la Argentina atraviesa un momento complicado, pero está lejos de una situación terminal”, en alusión a declaraciones recientes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien había dicho que el país “lucha por su vida”.
Adorni sostuvo que el Gobierno “heredó un desorden enorme” y que “aún falta mucho por recorrer”, pero insistió en que la gestión actual “logró evitar un colapso financiero”. En ese sentido, defendió la postura oficial de condicionar las leyes sociales y educativas a la definición de fuentes de financiamiento, al considerar que “no se puede gastar lo que no se tiene”.
