El Gobierno extendió la intervención de la empresa estatal encargada de rutas nacionales mientras avanza el proceso de disolución. La nueva Agencia de Control asumirá la fiscalización de concesiones viales y de transporte público.
A través del Decreto 464/2025, publicado este jueves en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional extendió la intervención de Corredores Viales S.A., la empresa estatal encargada del mantenimiento y operación de rutas nacionales, hasta que concluya el proceso de disolución y privatización que prevé la Ley de Bases. La medida se formaliza en un contexto de cambios profundos en la estructura estatal vinculada al transporte, tras la reciente creación de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, que asumirá tareas clave en materia de fiscalización.
La continuidad de la intervención ratifica en su cargo a Anastasia María de los Ángeles Adem como interventora, y otorga al Ministerio de Economía la potestad de dictar normas complementarias para llevar adelante la decisión. La intervención, iniciada por el Decreto 244/2025 en abril, se justifica en la necesidad de completar un complejo proceso de reorganización y traspaso hacia el sector privado. La futura privatización de Corredores Viales se realizará mediante concesiones de obra pública bajo la modalidad de peaje, tal como lo prevé el Decreto 97/2025.
El texto oficial firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía Luis Caputo, fundamenta la prórroga en la detección de graves deficiencias estructurales y administrativas dentro de la compañía, que incluyeron problemas en las áreas de compras, contrataciones, gestión legal y de capital humano. Entre las acciones correctivas ya implementadas se destacan un nuevo organigrama, la creación de un Comité de Inversiones y la normalización del área legal.
Según el Gobierno, estas mejoras requieren ser consolidadas en el tiempo para garantizar una transición ordenada hacia el nuevo esquema de gestión vial. La intervención, por lo tanto, se mantendrá hasta completar el proceso establecido por la normativa vigente. Adem continuará ejerciendo las atribuciones plenas del directorio de la empresa.
Disolución de organismos vinculados al transporte
La transformación de Corredores Viales se inscribe en un proceso más amplio de reestructuración del sistema nacional de transporte, que incluye la disolución o reformulación de organismos históricos como la Dirección Nacional de Vialidad, la Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
Tras el cierre de Vialidad Nacional, la nueva Agencia de Control asumirá la fiscalización de concesiones viales, contratos, acuerdos de operación y permisos tanto en el transporte automotor (urbano y suburbano) como ferroviario, abarcando cargas y pasajeros. Por su parte, el Ministerio de Economía absorberá competencias clave como el diseño, ejecución y mantenimiento del sistema troncal de rutas nacionales y obras complementarias.
En el área de seguridad vial, las funciones de la disuelta ANSV fueron divididas. La Secretaría de Transporte quedó a cargo de las políticas públicas y licencias de conducir, incluyendo el Sistema Nacional de Licencias y la coordinación de la Revisión Técnica Obligatoria. Mientras tanto, el control operativo en rutas y autopistas pasó a ser responsabilidad de la Gendarmería Nacional.
A su vez, la recientemente creada Agencia gestionará el planeamiento y control de concesiones viales federales, reemplazando el rol que cumplía la Gerencia Ejecutiva de Planeamiento y Concesiones de Vialidad. También se anunció la conformación de un Consejo Vial Federal que trabajará en conjunto con las provincias en materia de obras de infraestructura.
Finalmente, las tareas de la Comisión Nacional de Tránsito y Seguridad Vial fueron reasignadas a la Subsecretaría de Transporte Automotor, que ahora tendrá un rol central en la coordinación del tránsito vinculado al transporte interjurisdiccional de pasajeros y cargas, además de asesorar al Ejecutivo en materia normativa.
