La Cancillería advirtió que quienes participen del proceso podrían recibir «sanciones, restricciones operativas e inhabilitaciones».
El gobierno argentino rechazó este jueves la autorización de las autoridades del Reino Unido a dos empresas -una británica y otra israelí- para la explotación petrolera en el yacimiento «Sea Lion» en la Cuenca Malvinas Norte, costa afuera de las Islas Malvinas, ya que la iniciativa no cuenta con la aprobación de ninguna autoridad del Estado nacional.
Apuntó que se trata de «acciones unilaterales e ilegítimas del Reino Unido» y adelantó que Argentina «profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
El Gobierno dejó en claro que no reconocerá «competencia ni jurisdicción a ninguna autoridad distinta de la propia para establecer las condiciones que habiliten actividades vinculadas a hidrocarburos en las áreas mencionadas». De esta manera, advirtió que cualquiera que esté involucrado en este proyecto que las actividades de exploración y explotación quedará expuesto a la adopción de medidas administrativas, legales y judiciales, incluyendo sanciones, restricciones operativas, inhabilitaciones y acciones en jurisdicciones nacionales e internacionales.
«La República Argentina desalienta de manera expresa la participación en estos emprendimientos ilegales y se reserva el derecho de ejercer plenamente todas las acciones disponibles para impedir su desarrollo y salvaguardar sus derechos e intereses soberanos», enfatizó la administración nacional.
El gobierno argentino apuntó contra Gran Bretaña por la explotación petrolera en las Islas Malvinas
A través de un comunicado, la Cancillería apuntó que «toda exploración y explotación unilateral de recursos naturales renovables y no renovables en las áreas sujetas a disputa de soberanía resulta contraria a lo dispuesto por la Resolución 2065 (XX) y concordantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas y del Comité Especial de Descolonización». Explicaron que estos instrumentos instan a ambos gobiernos a reanudar negociaciones con el fin de alcanzar una solución pacífica y definitiva al conflicto diplomático.
A su vez, advirtieron que el accionar del Reino Unido es incompatibles con lo dispuesto por la Resolución 31/49 de la Asamblea General, que insta a las partes a abstenerse de introducir modificaciones unilaterales en la situación mientras las Islas se encuentran sujetas al proceso de negociación.
Además, remarcaron que el rechazo es extensivo a todas las actividades que tengan que ver con el proyecto de explotación petrolera. En detalle, cuestionaron la «adopción de pretendidas normativas isleñas, las concesiones de explotación en la plataforma continental argentina, la contratación de proveedores de servicios, y toda otra medida o decisión asociada a las actividades ilegales de exploración y explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina próxima a las Islas Malvinas«.
Por otro lado, en el texto también apuntaron que los anuncios referidos a la explotación de hidrocarburos en áreas bajo disputa a cargo de las empresas Rockhopper Exploration Plc y Navitas Petroleum Development and Production Limited «constituyen un nuevo acto unilateral de efectos futuros potencialmente irreversibles, teniendo en cuenta que se trata de recursos naturales no renovables».
De esta manera, el Gobierno señaló que «por la gravedad» del hecho, Argentina «profundizará su plan de acción con el fin de adoptar todas las medidas adicionales, de conformidad con el derecho internacional, que considere necesarias para salvaguardar sus derechos e intereses soberanos».
