Mientras el Gobierno hace malabares para sostener su ficticio equilibrio fiscal y entretener a sus fieles con promesas falsas de prosperidad en un contexto de acusaciones por corrupción, estafa y crisis institucional, este martes retiró la medida cautelar que impedía la difusión de audios que involucran al entorno más cercano del Presidente a una presunta red de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis). En el escrito, las autoridades explicaron que desistieron de la demanda para refutar las acusaciones de censura mediática.
En este marco, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei le explicó al juez Alejandro Patricio Maraniello que «la medida cautelar no fue solicitada como una censura previa y, mucho menos, con fundamento en que pudiese existir algo incriminatorio como pretendieron hacer creer y sostuvieron varios operadores».
Y justificó: «Lo cierto es que se trata de audios obtenidos ilegalmente, los cuales además están manipulados y editados con una finalidad propia de crear una operación en contra de mi persona y de mi familia».
Luego de recordar que hay abierta una denuncia penal a cargo del fiscal federal Carlos Stornelli por el origen ilegal de esos audios, la funcionaria sentenció que «la forma maliciosa» en la cual están editados demostraría que «no estamos ante un derecho de prensa y/o a informar ideas a través de la prensa como establece nuestra Constitución Nacional».
Asimismo, explicó al juez que el contenido de esos audios no afecta su seguridad «ni los derechos de terceros ni la seguridad nacional, al menos con la información con la que se cuenta actualmente”.
De esta manera, la hermana del presidente Javier Milei intentó defenderse de las acusaciones del titular de un grupo de medios —que entre otros periodistas y afines que repudiaron el acto de censura estatal por el escándalo de las coimas— al puntualizar que desde que empezó la demanda se convirtió en blanco de acusaciones infundadas por un medio de comunicación al que desestima.
«En este caso concreto, el nombrado intenta presentarse como un
defensor del derecho de prensa y/o como una víctima de una supuesta censura (que
no es tal), pero en realidad no explica que se ha dedicado únicamente a atacarme a mí y a mi familia a través de noticias falsas (tanto personalmente como a través de sus
medios), intentando torcer el rumbo elegido democráticamente por los argentinos», objetó.
Y siguió: «Creo firmemente en la libertad de prensa, pero ese derecho no puede ser
confundido con un derecho a desinformar o utilizar medios de comunicación como
presión política o para desestabilizar un gobierno elegido democráticamente. En una
democracia deben convivir distintas opiniones, pero estas deben estar basadas en
hechos reales y no en operaciones efectuadas con real malicia cuyo único fin es el
daño político y personal de una persona y su familia».
