El Gobierno nacional autoeliminó su participación en la discusión salarial docente y dejó en manos de las provincias la paritaria de ese sector, a través del Consejo Federal de Educación (CFE), pero decidió mantener su poder de veto para el caso de que un eventual acuerdo con los gremios sobrepase los techos que el plan económico le pone a los salarios.
La decisión fue tomada a través del decreto 341/2025 publicado esta mañana en el Boletín Oficial, a través del cual el Poder Ejecutivo modifica la Ley de Financiamiento Educativo (26.075) en cuanto a la responsabilidad del Gobierno de participar del debate salarial.
El texto original de esa norma indicaba que “el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, juntamente con el CFE y las entidades gremiales” eran los responsables de arribar a “un convenio marco” referido a las condiciones laborales, el calendario educativo, el salario mínimo docente y la carrera docente.
Ahora, el texto modificado por decreto dice que “el Consejo Federal de Educación y las entidades gremiales docentes con representación nacional” serán los responsables de ese acuerdo. O sea, ya no la cartera educativa que La Libertad Avanza (LLA) rebajó a la categoría de secretaría en lugar de ministerio.
El CFE es el organismo integrado por los ministros de Educación de todas las provincias y la Ciudad de Buenos Aires. Año a año, ese consejo, la cartera educativa y los gremios nacionales debatían y acordaban de manera tripartita una “pauta salarial” que servía como parámetro de negociación para las paritarias provinciales.
También establecía, en el marco de la ley Educación Superior, el presupuesto para las universidades e institutos dependientes de esas casas de estudios (con las cuales el Gobierno abrió un frente de batalla que le costó masivas movilizaciones y protestas en todo el país que pusieron en jaque al ajuste en ese sector).
La excusa del federalismo
El novedoso paso al costado que da el Gobierno en la mesa de negociaciones implica la eliminación de esa pauta salarial nacional y una cesión de esos menesteres en mano de los gobiernos provinciales.
Lo singular del caso es que lo hizo con un decreto que echa loas al federalismo y a las autonomías provinciales, indica que, “en ese marco del sistema federal de gobierno (…) deviene innecesaria la participación del Ministerio de Capital Humano a través de la Secretaría de Educación en dicha negociación”.
Además, enfatiza que las provincias son “las empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos” y subraya que, por lo tanto, a ellas les “corresponde que participen de las negociaciones, a través del CFE”.
Pero el reconocimiento de ese federalismo y de las autonomías provinciales es contradictorio, sesgado y antojadizo, máxime cuando el Gobierno aplica su política de presión y condicionamientos a los gobernadores.
El poder de veto de Milei
En el caso de la paritaria docente, los elogios al federalismo son paradójicos porque el Gobierno decidió seguir ostentando su poder de veto en la paritaria:
El decreto firmado por Javier Milei, Guillermo Francos y Sandra Pettovello dice expresamente que la Secretaría de Educación “podrá refrendar el convenio” firmado entre el CFE y los gremios. También podrá “requerir que se realice una nueva propuesta cuando por razones presupuestarias no fuera posible su implementación en el marco del Programa Nacional de Compensación Salarial Docente”.
Palabra más, palabra menos, si el acuerdo sobrepasa el índice oficial de la inflación, el Gobierno no reconocerá el resultado de esa paritaria, anulará el acuerdo y pedirá que se vuelva a discutir el porcentaje de aumento salarial para que no afecte la expectativa inflacionaria.
«Reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia»
Los argumentos que el Gobierno utilizó para retirarse de su histórica responsabilidad para negociar la pauta salarial docente son de lo más amañados pero también coherentes con su política de desapego del Estado en sus obligaciones tradicionales.
El decreto dice que “en el marco de las políticas de desregulación impulsadas por el Estado nacional, y con el objetivo de optimizar la eficiencia del gasto público, resulta esencial revisar la necesidad de determinadas funciones, garantizando una asignación de recursos más racional y efectiva”.
“En este sentido –añade-, se busca reducir la intervención estatal y maximizar la eficacia en la gestión pública, priorizando la eliminación de funciones redundantes o de escaso impacto en el interés general, asegurando así un uso más eficiente de los recursos”.
