Mientras el Senado debate la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, el gobierno de Javier Milei monitorea el resultado de la jornada y las protestas convocadas en el Congreso, en un cierre clave para su agenda parlamentaria.
Mientras el Senado debate la reforma laboral y el nuevo Régimen Penal Juvenil, el Poder Ejecutivo monitorea minuto a minuto el desarrollo de la última sesión del período extraordinario. En la Casa Rosada consideran que la jornada puede convertirse en el cierre de una etapa legislativa clave para la administración de Javier Milei.
Durante las últimas semanas el oficialismo logró avanzar en distintos proyectos centrales de su agenda y ahora apuesta a terminar el ciclo con dos reformas que el Gobierno considera estratégicas. Por un lado, la reforma laboral, una iniciativa orientada a modificar aspectos de la legislación vigente con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y facilitar la contratación formal.
El otro proyecto en discusión es el nuevo Régimen Penal Juvenil, que propone modificar el sistema vigente y bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para determinados delitos. En el Ejecutivo sostienen que la normativa actual quedó desactualizada y que la reforma busca adecuar el marco legal a los estándares que existen en otros países.
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Mariano Fuchila
El Gobierno se apresta el inicio de las sesiones ordinarias
En Balcarce 50 aseguran que los números parlamentarios permiten mirar la sesión con cierto optimismo. Funcionarios del Gobierno siguieron de cerca las negociaciones de las últimas semanas con distintos bloques aliados y confían en que los acuerdos alcanzados serán suficientes para garantizar la aprobación de ambos proyectos.
Sin embargo, el foco del Ejecutivo no está únicamente puesto en el recinto. Desde temprano, distintas áreas del Gobierno siguen también el desarrollo de las protestas convocadas en las inmediaciones del Congreso por organizaciones sindicales, movimientos sociales y agrupaciones de izquierda que rechazan las reformas impulsadas por la administración libertaria.
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Mariano Fuchila
El Ministerio de Seguridad desplegó un operativo especial en los alrededores del Palacio Legislativo para evitar cortes prolongados y garantizar el funcionamiento del Congreso durante la sesión. En el Gobierno sostienen que el objetivo es evitar bloqueos en accesos clave a la Ciudad y preservar el normal desarrollo de la jornada parlamentaria.
Las manifestaciones forman parte de un escenario que el oficialismo ya anticipaba desde que comenzó el debate de las reformas. En la Casa Rosada consideran que las protestas responden a sectores que históricamente se opusieron a cambios en el sistema laboral y que intentan trasladar la discusión legislativa al terreno de la movilización callejera.
En paralelo, funcionarios del Ejecutivo mantienen contacto permanente con legisladores aliados para seguir el desarrollo del debate. La estrategia del Gobierno durante todo el período extraordinario fue sostener un diálogo constante con bloques que, sin integrar formalmente el oficialismo, acompañaron varios de los proyectos impulsados por la administración libertaria.
Para el Gobierno, el resultado de esta última sesión también tiene una dimensión política más amplia. En la Casa Rosada entienden que cerrar las extraordinarias con estas reformas permitiría mostrar que, aun con minoría parlamentaria, el oficialismo logró avanzar con una parte importante de su agenda legislativa.
Ese argumento es el que el entorno de Milei busca instalar hacia adelante, especialmente de cara al inicio de las sesiones ordinarias del Congreso. La idea en el Ejecutivo es que el verano parlamentario deje una señal clara: el Gobierno está dispuesto a impulsar cambios estructurales y a sostener el pulso político necesario para intentar aprobarlos.
