Por otro lado, corren riesgos los otros dos proyectos del oficialismo, que podrían regresar a instancia de comisiones. Uno de ellos es la modificación del Régimen Penal Tributario, conocido como ley de Presunción de Inocencia Fiscal, que actualiza los montos que se precisan declarar para evitar ser considerados delitos de evasión tributaria, llevando el piso de $1,5 millones a $100 millones. Esta iniciativa, que redefine «los criterios para la configuración de los delitos fiscales y prioriza la intervención penal en los casos de evasión relevante», tendría mayor probabilidad de media sanción.
Las mayores dudas recaen sobre la iniciativa denominada Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria, que establece penas de prisión para funcionarios que dicten o ejecuten «normas o actos administrativos que modifiquen o incrementen los gastos públicos previstos en el Presupuesto General de la Administración Nacional sin contar con los recursos debidamente acreditados y previstos para su financiamiento». Es decir: se deben precisar el origen de los recursos para efectivizar los fondos. Lisandro Nieri, un aliado radical del oficialismo, pidió «trabajarla con más seriedad. Esa ley es importante pero aspiro a que nos demos un tiempo de trabajo más importante en este caso».
Luis Petri Diputados
Precisamente desde la bancada de la UCR llegaron una de las particularidades de la jornada, dado que una publicación desde la cuenta oficial de la Comitiva Nacional instó a su bloque a que se opongan a la sanción del artículo 75 que elimina el financiamiento universitario y la emergencia en discapacidad, lo que podría exhibir las tensiones que sobreviven en el partido: la presidenta del bloque, la mendocina Pamela Verasay, responde al gobernador Alfredo Cornejo, descontento con la nueva conducción.
Otro momento llamativo fue cuando tomó la palabra el correntino Lisandro Almirón (La Libertad Avanza) que destacó obras en rutas nacionales y autopistas de su provincia, aunque se equivocó de dictamen: leyó el proyecto peronista. “No es una chicana, pero lo que leyó Almirón es nuestro dictamen. Las obras están incluidas por pedido de los diputados de Chaco y Corrientes, en una lista anexa que presentamos”, explicó Germán Martínez, presidente del bloque de Unión por la Patria.
Presupuesto 2026: los puntos más importantes
Entre las proyecciones del Presupuesto 2026, el Gobierno estipula un crecimiento del 5,4% del PBI, una inflación anual del 10,1% y un tipo de cambio de $1.423 hacia diciembre del próximo año, objetivo que implicaría un fortalecimiento del peso nacional dado que en la jornada de sesión el dólar cerró a $1.475. Además, se considera como meta un superávit fiscal primario del 1,5% del PBI.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la recaudación crecerá 0,47% del PIB, «con mayor presión sobre Combustibles y el Impuesto a las Ganancias, y menor en Bienes Personales». El organismo también detectó que las transferencias corrientes a provincias se incrementan 31,1% respecto del cierre previsto para este año; mientras que las empresas públicas recibirán $4,4 billones en transferencias corrientes y de capital.
El Impuesto a las Ganancias aportaría $16,5 billones, con una suba real del 12,8%. El IVA, $32,9 billones, con un crecimiento real del 8%. Débitos y créditos bancarios —uno de los tributos que el Gobierno aspira a reducir o eliminar— generaría $16,4 billones, con una mejora real del 10%. Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la eximición de tributos a la energía renovables.
Germán Martínez
Mariano Fuchila
Entre los proyectos más criticados por la oposición se encuentran el artículo 69, que reducen los territorios geográficos alcanzados por el Régimen de Zona Fría; y el artículo 70, que deroga tres artículos del Régimen de Asignaciones Familiares eliminando la movilidad de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y del resto de las asignaciones sujetadas a la movilidad previsional, pasando a depender de las decisiones discrecionales del Poder Ejecutivo.
Además, en su artículo 75, elimina dos leyes sancionadas este año que fueron insistidas por dos tercios del Congreso: la de Emergencia Nacional en Discapacidad y la de Financiamiento Universitario. Para las universidades nacionales, el Presupuesto prevé recursos por $4,8 billones, que «resultará insuficiente», según un comunicado del Consejo Interuniversitario Nacional. Para la Atención Integral a las Personas con Discapacidad, los aumentos serán determinados en forma trimestral por el Ministerio de Salud y la ANDIS.
En el artículo 30, se derogan también las disposiciones legales para el aumento paulatino de inversión en Educación Técnico Profesional, el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología y el Sistema de Educación Nacional y el Fondo Nacional de la Defensa. También se establece el congelamiento del bono de $70.000 para jubilados, dispuesto en el 2023, aunque se establece un incremento real del 5,7% en jubilaciones.
