A través del Decreto 341/2025 publicado este miércoles en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso que a partir de ahora será el Consejo Federal de Educación el organismo encargado de discutir con los gremios docentes de representación nacional las condiciones laborales, el salario mínimo y el calendario educativo.
De esta manera, la Secretaría de Educación queda fuera de la mesa de negociación directa, aunque conservará un rol de revisión presupuestaria.
La medida lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
Cambio de interlocutor: las provincias, al frente
El Ejecutivo justificó la decisión en el proceso de descentralización educativa que transfirió los servicios educativos a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Son dichas jurisdicciones las que resultan empleadoras de los docentes de sus sistemas educativos, por lo que corresponde que sean estas las que participen de las negociaciones”, señala el decreto.
En ese sentido, se considera que el Consejo Federal de Educación (CFE), integrado por los ministros de Educación de todas las provincias, es el ámbito adecuado para articular las negociaciones con los sindicatos nacionales, reemplazando así el rol histórico de la Secretaría de Educación en este terreno.
Un nuevo esquema de negociación docente
Aunque la Secretaría de Educación —dependiente del Ministerio de Capital Humano— ya no participará activamente en la discusión, sí podrá intervenir si la propuesta salarial acordada excede los límites presupuestarios establecidos por el Programa Nacional de Compensación Salarial Docente. En ese caso, podrá solicitar una nueva propuesta o rechazar el convenio.
El texto del decreto aclara que “corresponde que la Secretaría de Educación sea la encargada de revisar la propuesta elevada (…) y la analice de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria previo a refrendarla”.
Menos intervención estatal, más rol federal
La medida se enmarca en la estrategia del Ejecutivo de reducir la intervención estatal y “maximizar la eficacia en la gestión pública”. Según el decreto, uno de los objetivos es eliminar funciones redundantes o de escaso impacto, para lograr una administración más eficiente del gasto público.
Esta reconfiguración del esquema paritario docente llega en un contexto de tensiones con los gremios por la falta de una paritaria nacional y en medio de los reclamos por la caída del salario real en el sector educativo.
