La justicia federal reconoció como autoridad de la Universidad Nacional de Madres de Plaza de Mayo (UNMa) al interventor designado por el gobierno de Javier Milei, Eduardo Maurizzio, y confirmó una nueva arremetida contra la casa de altos estudios que es atacada desde que La Libertad Avanza asumió. «El Gobierno y la justicia secuestraron la universidad», indicaron desde la asociación en un duro comunicado en el que también advierten que se violó la autonomía universitaria al desconocer «el derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de la rectora que eligió democráticamente». Además, anticiparon que apelarán ante la Corte Suprema.
En el comunicado firmado por la presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Carmen Arias, denunciaron que «la Sala III del Fuero en lo Contencioso Administrativo Federal resolvió hoy que la autonomía universitaria no existe más en la Argentina, reconoció como autoridad de la UNMa al interventor Maurizzio y hasta desconoció el soberano derecho de la comunidad universitaria a litigar a través de la rectora que eligió democráticamente» y resaltaron que tanto el Poder Ejecutivo Nacional como el Poder Judicial federal «secuestraron la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, y se apropiaron de un proyecto que hace un mes cumplió 25 años de recorrido liberador».
En octubre del año pasado, la UNMa presentó una medida cautelar solicitada por Arias, que fue contra dos resoluciones con las que el ministerio encabezado por Sandra Pettovello desconoció la creación de la universidad y ordenó su intervención, designando interventor a Eduardo Maurizzio. Resoluciones que el fallo había reconocido como «irrazonables a la luz del marco normativo vigente en materia de universidades nacionales».
Pero ahora, la decisión de la justicia federal reconoce a Maurizzio como autoridad, que hasta diciembre de 2023 y durante dos años, fue secretario administrativo de la institución educativa. La sala III de la Cámara dispuso que Caamano carece de representación para litigar en el proceso — en abril había presentado un recurso de apelación ante la denegación de las cautelares– y le da lugar a los recursos de apelación que puso el gobierno de Milei a través del ministerio de Capital Humano. No solo eso, la resolución también ordena el pago de las costas a la rectora, Cristina Caamano que, según la presentación judicial de Maurizzio, “no ejerce la representación
legal de la parte actora”. «Es exactamente lo mismo que nos decían a las Madres los jueces que en plena dictadura nos rechazaban los habeas corpus: ‘Con costas'», indicaron desde la asociación.
«Es un fallo con saña», le dijo Caamaño a Página/12 y anticipó que irán a la Corte Suprema. «No vamos a dejar que esto quede así por este gobierno negacionista seguramente lo único que quiere es destruirla», indicó. Y recordó la lucha de Hebe de Bonafini: «No vamos a dejar que esto pase as tranquilamente porque es la Universidad popular de las Madres, que creó Hebe, y después pasó a ser Instituto Universitario, dependiendo de la Secretaría de Derechos Humanos, y recién en el 2023 terminó siendo universidad nacional».
Desde Madres agregaron que, en términos políticos, esto tiene una sola lectura: «Milei se apropió de la Universidad que creamos las Madres y tanto soñó Hebe». Pero advirtieron que continuarán reclamando. «Las Madres seguiremos apostando por la formación, el estudio, el compromiso político, la solidaridad y la ética del esfuerzo individual para los logros colectivos», señalaron.
La universidad nacional lleva más de un año resistiendo los embates del gobierno de Javier Milei, no solo a través de los recortes presupuestarios sino también por medio de ataques e intimaciones. En septiembre del año pasado, momentos antes de la segunda Marcha Federal Universitataria, la Policía Federal impidió —sin orden judicial— el ingreso a la casa de estudios a alumnos, docentes y trabajadores por decisión de Maurizzio, quien denunciaba «falta de matafuegos y otras cuestiones».
A eso se suma, que el Gobierno no desposita dinero para el funcionamiento de la universidad, justificando esta decisión sin precedentes con que el ajuste tiene su razón de ser en la cantidad de alumnos de la institución. Incluso, en noviembre del 2024 un grupo de personas «no identificadas» ingresó al edificio y «sustrajo documentación digital y en papel, además de generar rotura de muebles y computadoras, incluso en la biblioteca».
