El Grupo de Puebla repudió el fallo de la Corte Suprema, que dejó firme la condena contra la expresidenta Cristina Kirchner a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, y consideraron que la decisión judicial es un «un riesgo de afectación del derecho a la defensa y a la participación política».
En ese sentido, remarcaron que «la Justicia jamás puede ser una herramienta de proscripción política» y enfatizaron su «respaldo total y absoluto a Cristina Kirchner».
«Los pueblos latinoamericanos estaremos siempre firmes y con memoria junto a quienes defendieron el derecho. ¡Exigimos justicia!», enfatizaron a través de una publicación en redes sociales.
Días atrás, el foro político había lanzado un extenso comunicado en apoyo a la titular del Partido Justicialista donde señaló que la Causa Vialidad está «viciada por la parcialidad y arbitrariedad del tribunal que la profirió, y en clara persecución política, desde su inicio«.
A su vez, apuntaron que la «denuncia fue promovida por el gobierno de Mauricio Macri para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente con ausencia total de pruebas directas y con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales».
El Grupo de Puebla es una iniciativa político-intelectual que reúne a líderes y exlíderes progresistas de América Latina y España, con el objetivo de promover políticas de integración regional.
La Corte Suprema confirmó la condena contra Cristina Kirchner
La Corte Suprema de justicia confirmó este martes la condena a Cristina Kirchner en la causa Vialidad en un fallo unánime de los tres miembros. De esta manera, se ratifica la pena de seis años de prisión y la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos. Al mismo tiempo fue absuelta del delito de asociación ilícita, pedido por la fiscalía.
Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti emitieron un voto conjunto en el que rechazaron cada uno de los argumentos que sostuvo la defensa de Cristina Kirchner para revertir la condena en su contra. Pocas horas después, el TOF 2 que dictó la sentencia en primera instancia, convocó a los nueve condenados a presentarse a los tribunales de Comodoro Py para notificarlos de la confirmación de sus penas.
«Las sanciones aplicadas son las que determina el ordenamiento jurídico vigente. La imposición de las penas de prisión e inhabilitación no hace otra cosa que tutelar nuestro sistema republicano y democrático según las leyes penales dictadas por los representantes del pueblo en el Congreso de la Nación», justificaron los jueces en el fallo.
