El magistrado Alejandro Maraniello suma nueva acusaciones en total en su contra. Los expedientes en su contra abarcan desde abuso de poder hasta uso indebido de recursos públicos.
El juez federal en lo civil y comercial Alejandro Patricio Maraniello, quien prohibió de la difusión de los audios vinculados a Karina Milei por presuntas coimas, enfrenta actualmente nueve denuncias en su contra en el Consejo de la Magistratura, cinco de ellas por presunto acoso sexual a empleadas de su juzgado.
El magistrado fue notificado de los cargos la semana pasada y cuenta con un plazo legal de veinte días para ejercer su defensa por escrito ante la Comisión de Disciplina del Consejo de la Magistratura, a partir de una presentación realizada por la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial (AEPJN).
La Comisión de Disciplina, presidida por César Grau, tramita seis expedientes en su contra. En este contexto, resolvió notificarlo formalmente de las acusaciones y lo invitaron a presentar un descargo. Según el procedimiento, el magistrado podrá ejercer su defensa por escrito, designar abogado, ofrecer pruebas y manifestar lo que considere pertinente en un plazo de 20 días.
La denuncia por abuso sexual por parte de una empleada
Entre las denuncias más graves figura la de una empleada que declaró que, a menos de una semana de comenzar a trabajar bajo sus órdenes, el juez la hostigó para encontrarse fuera del ámbito laboral. La mujer relató que, tras acceder a una salida por temor a perder su empleo, fue sometida a tocamientos y besos no consentidos, y que terminó accediendo a mantener relaciones sexuales para poner fin a la situación. Otros testigos habrían señalado la existencia de episodios similares.
La víctima sostuvo que los episodios continuaron con el tiempo con acercamientos físicos forzados y comentarios inapropiados. Esta situación la llevó a medicarse y tener ideas suicidas, antes de animarse a denunciar en la Unidad de Bienestar Laboral. El caso llegó a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres, donde ratificó sus dichos, aunque expresó que no quería instar la acción penal.
De todas maneras, la fiscal Mariana Labozzetta consideró que podrían configurarse delitos de acción pública debido a la condición de funcionario judicial, por lo que el expediente quedó en manos de la jueza María Servini y el fiscal Carlos Stornelli.
