A 82 años del terremoto del 15 de enero de 1944, el Ministerio de Gobierno, a través del Archivo General de la Provincia dependiente de la Secretaría de Relaciones Institucionales, recupera piezas normativas conservadas en el Archivo General que muestran cómo, en plena poscatástrofe, la reconstrucción fue pensada como una ingeniería de Estado: formar mano de obra, atender la urgencia habitacional y proyectar, a largo plazo, viviendas más seguras.
Entre esos hitos aparece la Ley N° 965, que dispuso la creación de una Escuela de Albañilería de curso acelerado. El texto ordenó “Créase una Escuela de Albañilería de curso acelerado” y definió su propósito con precisión: preparar a quienes necesitaban adquirir conocimientos “generales, técnicos y prácticos” y abrir el oficio a jóvenes que buscaban una titulación habilitante. La misma ley estableció que la reglamentación debía instrumentarse “por intermedio del Ministerio de Gobierno y Reconstrucción” y fijó un horizonte inmediato para su puesta en funcionamiento.
La norma no quedó en declaración. El Decreto N° 1684-R reglamentó la ley y organizó el andamiaje de la escuela: dependencia del Ministerio de Reconstrucción, designación de autoridades y un sistema de certificaciones —“Medio Oficial”, “Oficial Albañil” y “Albañil Especializado”— que buscaba jerarquizar el aprendizaje. La letra del decreto dejó, además, una definición elocuente del vínculo entre formación y obra pública: para la práctica, los alumnos debían intervenir en la construcción de viviendas, con referencia al Barrio Obrero y al financiamiento previsto por la Ley 965.
En paralelo, el Decreto N° 1699-R registró una dimensión menos visible, pero decisiva: el reconocimiento del trabajo ya realizado en la emergencia. Con fecha 26 de octubre de 1946, el acto administrativo aludió a planillas complementarias y resolvió “Reconócese los servicios prestados” por personal obrero y especializado que trabajó en la construcción y mejoramiento de viviendas de emergencia, con imputación a los “Fondos colecta pro-damnificados sismo San Juan”. Allí, la reconstrucción aparece como una contabilidad moral: nadie debía quedar fuera del registro cuando lo que estaba en juego era volver a habitar.
En esa misma secuencia histórica se inscribe la Ley N° 1.777, que creó el Instituto Provincial de la Vivienda y le asignó un objetivo integral: “mejorar las condiciones higiénicas, técnicas, de seguridad, económicas y sociales” de la vivienda urbana y rural y reducir, de manera progresiva, la vivienda “inadecuada, insalubre o peligrosa”. La ley también ubicó su funcionamiento bajo la órbita del Poder Ejecutivo “por conducto del Ministerio de Obras Públicas, Riego y Reconstrucción” y definió funciones que anticipan una política moderna: planificación de viviendas económicas y antisísmicas, administración de fondos y estímulos a la construcción particular.
Leídas en conjunto, Ley N° 965, Decreto N° 1684-R, Decreto N° 1699-R y Ley N° 1.777 componen una misma idea: después del terremoto, no bastaba con reparar muros; había que reconstruir capacidades. La escuela formaba manos; los decretos ordenaban la urgencia y reconocían a quienes sostuvieron la tarea; el Instituto Provincial de la Vivienda proyectaba la etapa siguiente, cuando la vivienda dejaba de ser respuesta inmediata para convertirse en política pública.
Fuente:
- Ley N° 965-1946 sobre Creación Escuela de Albañileria. Fondo Leyes y Decretos de Cámara de Diputados. Tomo 23. Año 1946. Folio 75-76. Departamento Archivo Histórico.
- Dec N° 1684-R-1946 Reglamentacion de la Ley N° 965-1946. Fondo Leyes y Decretos de Cámara de Diputados. Tomo 23. Año 1946. Folio 77. Departamento Archivo Histórico.
- Dec N° 1699-R-1946 Se reconoce servicio prestado por personas y obrero en mejoramiento de viviendas de emergencia. Fondo Decretos de Ministerio de Reconstruccion. Vol 1. Año 1946. Departamento Archivo Histórico.
- Fondo Miscelaneas de Gobierno 1. Caja 58. Doc. 14. Fecha 1944. Departamento Archivo Histórico.
