La nueva normativa obliga a las fuerzas federales a unificar y reportar datos sobre intervenciones, detenidos, recursos y víctimas, incluidos civiles y agentes heridos o abatidos. El esquema estará centralizado por el Ministerio de Seguridad Nacional.
El gobierno de Javier Milei, a través del Ministerio de Seguridad, aprobó la creación de un sistema federal de información criminal que obligará a todas las fuerzas policiales y de seguridad a cargar y compartir en tiempo real los datos de sus operativos y procedimientos en todo el país. La medida apunta a unificar criterios y terminar con la dispersión de registros que, hasta ahora, dificultaba la elaboración de estadísticas confiables.
La iniciativa quedó formalizada mediante la Resolución 108/2026, publicada este miércoles en el Boletín Oficial, y lleva la firma de la ministra Alejandra Monteoliva. Por primera vez, se establece un esquema único y obligatorio para informar intervenciones policiales, personal desplegado, secuestro de bienes, personas detenidas o demoradas y el uso de recursos logísticos.
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El sistema también exigirá reportes específicos sobre civiles y agentes heridos o fallecidos, tanto durante operativos como fuera de servicio, cuando el hecho esté vinculado a la actuación de las fuerzas. El objetivo es centralizar información precisa sobre el accionar federal y convertirla en insumo directo para el diseño y evaluación de políticas públicas.
La normativa reconoce que el panorama actual es fragmentado y que incluso entre fuerzas federales existen criterios dispares para registrar hechos similares. Para corregir esta situación, la Dirección Nacional de Estadística Criminal será la autoridad responsable de administrar el nuevo esquema, definir las reglas de carga y resolver eventuales conflictos de interpretación.
El sistema fue denominado Sistema de Información Estadística de las Fuerzas Policiales y de Seguridad Federales (SIEFFSS) y contempla siete grandes áreas de recolección de datos. Entre ellas, se incluyen intervenciones por delitos, respuestas a emergencias, operativos por desastres o accidentes y tareas de rescate.
Las fuerzas deberán informar también las cantidades y jerarquías del personal involucrado -incluyendo agentes con licencia-, los bienes decomisados, todas las personas detenidas, demoradas o liberadas, y el detalle de los recursos materiales, como vehículos y equipamiento logístico disponible.
El alcance de la medida comprende a la Policía Federal Argentina, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval Argentina y la Policía de Seguridad Aeroportuaria.
La resolución dispone que cada fuerza designe un área única y exclusiva encargada de cargar la información en el sistema. Esa oficina será la única autorizada a modificar los registros y deberá conservarlos por un plazo mínimo de 20 años.
Desde ahora, cualquier informe estadístico elaborado por las fuerzas federales deberá basarse exclusivamente en los datos volcados en el SIEFFSS. Ante inconsistencias, las jefaturas de cada fuerza estarán obligadas a corregirlas de manera inmediata.
“Todo informe estadístico basado en este modelo, tanto para el Ministerio de Seguridad Nacional como para uso de las fuerzas federales, deberá ser generado exclusivamente con los datos provistos por esta área”, señala el texto oficial.
La Dirección Nacional de Estadística Criminal actuará como canal único para la recepción y difusión de la información, con la obligación de garantizar la confidencialidad y la integridad de los datos. La norma aclara que la implementación del sistema no implicará erogaciones presupuestarias adicionales.
El nuevo esquema se enmarca en la Ley de Seguridad Interior y prohíbe expresamente la existencia de bases paralelas o registros alternativos para la elaboración de estadísticas oficiales. Toda cifra consolidada utilizada por el Ministerio deberá surgir del SIEFFSS.
Con esta medida, la ministra Monteoliva instruyó a las fuerzas a revisar y mejorar sus procesos internos de recolección y control de calidad de datos, con el objetivo de evitar omisiones, superposiciones y avanzar hacia estándares internacionales de transparencia en materia de seguridad.
