El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, descartó postularse para las elecciones anticipadas que tendrán lugar en este país tras la expedición del decreto ejecutivo 741, con el cual activó la «muerte cruzada» para disolver el Parlamento, según dijo en una entrevista a ‘The Washington Post’.
Lasso aseguró que no tiene planes para postularse a las elecciones, indicó que no le importa quién lo reemplace y dijo que la organización política fundada por él, el movimiento Creando Oportunidades (CREO, derecha), planea nominar a un candidato para los comicios previstos.
«Mi objetivo no es evitar que alguien regrese a Ecuador«, aseveró al medio de comunicación al referirse al expresidente Rafael Correa (2007-2017).
El Consejo Nacional Electoral (CNE) anunció la fecha tentativa de las votaciones para el 20 de agosto, de donde serán escogidos el nuevo presidente y vicepresidente, así como los 137 integrante de la Asamblea Nacional, pero gobernarán solo hasta 2025.
Lasso calificó la medida de «muerte cruzada» como un «acto de generosidad para el país, de acortar un mandato presidencial para lograr el interés común de los ecuatorianos… y no ver este bochornoso espectáculo de peleas entre políticos».
El mandatario anunció la decisión de activar el decreto 148 de la Constitución un día después de acudir ante el Parlamento a defenderse en un juicio político en su contra por presunto peculado en una empresa pública, con perjuicios para el Estado de unos 6,1 millones de dólares.
Sin embargo, señaló en la entrevista que ya se había decidido por la «muerte cruzada» días antes del 17 de mayo y decidió adoptarla después de asegurarse de que tenía el apoyo de los militares.
De acuerdo con The Washington Post, el mandatario utilizará el periodo de Gobierno que le resta en el cargo, hasta noviembre de este año, para promover decretos ejecutivos sobre seguridad, salud, educación e infraestructura, y adelantó que la próxima semana presentará una orden para elevar la protección de las fuerzas de seguridad que usan sus armas en su defensa.
En tanto, en Ecuador varios actores políticos y sociales han expresado su preocupación respecto a que estos decretos vayan en detrimento de los derechos de la clase trabajadora y anunciaron que estarán movilizados para ir a las calles si fuera preciso.
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