A través de un comunicado, el partido amarillo denunció un acuerdo previo, calificó la votación como inconstitucional y confirmó la judicialización del caso.
Los cruces por las tres designaciones en la Auditoría General de la Nación (AGN) realizadas por la Cámara de Diputados el 18 de diciembre, durante el debate del Presupuesto 2026, escalaron en las últimas horas y profundizaron la tensión entre el PRO y La Libertad Avanza, con acusaciones cruzadas y una inminente definición judicial.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, el partido que conduce Mauricio Macri sostuvo que las designaciones respondieron a un acuerdo cerrado de antemano entre LLA, el kirchnerismo (UxP) y el bloque de Innovación Federal. “El resultado estaba definido de antemano y no dependía matemáticamente de la presencia o el voto del PRO”, afirmaron, al señalar que la votación se aprobó con 189 votos, superando holgadamente los tres cuartos necesarios.
Desde el PRO justificaron su retiro del recinto y rechazaron las acusaciones de haber facilitado la sesión. “Nunca vamos a convalidar la ilegalidad”, remarcaron, y explicaron que permanecer en las bancas hubiera implicado legitimar un procedimiento inconstitucional. En ese sentido, denunciaron que la votación se realizó de madrugada, sin transparencia y sobre un tema que no estaba habilitado en la convocatoria a las sesiones extraordinarias, en presunta violación del artículo 63 de la Constitución Nacional.
El conflicto se disparó tras la designación de Rita Mónica Almada por LLA, Juan Ignacio Forlón por el peronismo y Pamela Calletti, ex diputada vinculada al gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. La intención original era que los siete auditores designados por el Congreso –tres por Diputados y cuatro por el Senado– asumieran en un acto conjunto, pero la disputa política aceleró los tiempos.
En el recinto, el PRO acusó a los libertarios de incumplir compromisos previos en torno a la AGN y anticipó que recurriría a la Justicia para frenar las designaciones. Esa decisión quedó ratificada en el comunicado partidario: “No íbamos a legitimar una votación inconstitucional”, insistieron, al tiempo que subrayaron que el desenlace ya estaba sellado por el entendimiento entre el oficialismo y el kirchnerismo.
Finalmente, el partido confirmó que ya avanzó con una acción judicial. “El presidente de nuestro bloque, Cristian Ritondo, presentó un recurso de amparo ante la Justicia para que se declare la nulidad de lo votado”, informaron, y concluyeron: “El PRO no es cómplice de acuerdos a espaldas de la sociedad ni de atropellos institucionales”.
Qué solicita el amparo presentado por el PRO ante la Justicia
El amparo presentado ante la Justicia solicita que se declare la inconstitucionalidad y nulidad de la resolución, que se dicte una medida cautelar urgente para impedir que los auditores designados asuman o actúen hasta que exista una sentencia definitiva, y que se restituya el estado institucional previo al acto cuestionado.
Por último, el PRO buscó despejar lecturas partidarias y planteó el reclamo como una defensa institucional. “No se trata de una discusión política ni de nombres propios. Se trata de defender la Constitución, la transparencia y el funcionamiento republicano de las instituciones”, concluye el comunicado.
