La Fundación Pensar del PRO realizó este martes una nueva presentación de su informe mensual Pensar Argentina, titulado «Justicia para todos», el cual compone un análisis crítico del rumbo institucional, político y económico del país a un año de la sanción de la Ley Bases, impulsada por el Gobierno.
El escrito parte del fallo de la Corte Suprema que dejó firme la condena penal a Cristina Fernández de Kirchner y lo interpreta como una reivindicación del principio de igualdad ante la ley y del rol del Poder Judicial como garante republicano.
Desde esa lectura institucional, el informe plantea un balance de gestión marcado por avances parciales, retrocesos estructurales y una falta de consensos que, según los autores, amenaza con hacer naufragar otra oportunidad de desarrollo para el país.
A un año de la sanción de la Ley Bases: qué explica el informe
“La Argentina vuelve a enfrentar el riesgo de desaprovechar un nuevo ciclo”, advierte el documento, que subraya el carácter incompleto de muchas de las reformas impulsadas por el oficialismo. En cifras: sólo cuatro proyectos fueron aprobados bajo el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), ninguna empresa estatal fue privatizada, el blanqueo laboral alcanzó apenas al 0,24% del empleo informal, y el trabajo registrado sigue cayendo mientras aumentan los litigios.
“La estabilización económica, por sí sola, no garantiza desarrollo”, sostiene el exministro de Hacienda Hernán Lacunza en su editorial dentro del informe. “El desafío no es solo estabilizar. Es transformar la estabilización en desarrollo. Y para eso, hace falta mucho más que ajuste fiscal: hacen falta reglas, instituciones y consensos. Hasta ahora, todo eso ha sido deficitario”.
En sintonía, la diputada nacional Silvia Lospennato pone el foco en la inestabilidad institucional como una traba persistente: “Los argentinos nos merecemos un cambio que no sea un péndulo oscilante con reformas que duran unos años y luego son revertidas por giros de 180 grados”.
El apartado judicial también recibe una mirada crítica. Martín Casares, coordinador del área de Justicia de Pensar, advierte: “Sin justicia, no hay confianza; y sin confianza, no hay desarrollo posible”. El informe plantea que la falta de previsibilidad institucional desalienta la inversión a largo plazo.
En el plano internacional, Fulvio Pompeo, secretario de Relaciones Internacionales del PRO, cuestiona el creciente aislamiento geopolítico del país y lo vincula directamente con la gobernabilidad: “La política exterior no es un compartimento aislado: es el reflejo de nuestra capacidad para gobernarnos con madurez, previsibilidad y respeto”.
Por último, el legislador porteño Sergio Siciliano apunta al factor humano como eje descuidado de la estrategia de desarrollo. “El futuro depende de si vamos a animarnos a invertir, por fin, en lo único que realmente importa: lo humano”, plantea.
El documento también incluye contribuciones de Mora Jozami (Casa Tres), Daiana Fernández Molero (diputada nacional) y Andrés Ibarra (exministro de Modernización), y se posiciona como un llamado de atención frente al riesgo de otra década perdida si no se consolidan reformas que vayan más allá del corto plazo.
