En medio de la nueva ola de despidos en el Estado y del desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del Gobierno de Javier Milei, este jueves 15 delegados y miembros de la Junta Interna de ATE del Ministerio de Justicia con sus mandatos vigentes fueron despedidos de la Secretaría de Derechos Humanos (SDH).
Según informó ATE en un comunicado, la Policía Federal Argentina les impidió este jueves a 15 trabajadores y trabajadoras –entre ellos a la Secretaria General Adjunta de la Junta- el acceso al edificio central del organismo, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos.
«Esto es parte del plan de desmantelamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia y Derechos Humanos, a cargo del secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y persecución a sus trabajadores y sindicato y la intención de disciplinar a quienes encabezan las luchas contra estas medidas«, denunció el sindicato.
«Esta semana recibíamos la noticia de la quema del auto del secretario de Acción Política de ATE Capital (Rubén López) y, anteriormente, las denuncias hacia nuestro sindicato por diversas medidas de fuerza», continuó ATE en el comunicado. Y concluyó: «Exigimos a los funcionarios del Ministerio que establezcan la mesa de diálogo solicitada por diversos medios y que cese el hostigamiento».
ATE Capital relaciona los despidos de este jueves y el ataque al vehículo de López con la la pelea que encabeza el sindicato «contra la gestión de (Mariano) Cúneo Libarona» por los despidos de cientos de trabajadores «y el vaciamiento del organismo».
Tal como detalla Luciana Bertoia en esta nota de Página/12, la Secretaría de Derechos Humanos (SDH) está siendo desmantalada. En octubre del año pasado, el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, anunció un plan de retiros para 2231 trabajadores contratados bajo el ente cooperador Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). No había mucho de voluntario en el retiro, pero sí de extorsivo: la amenaza era que quienes no aceptaban serían despedidos sin derecho a indemnización.
Antes del último recorte de la motosierra, la SDH tenía poco menos de 800 empleados: la mitad, contratados por ACARA. Según estimaciones del gremio, 252 fueron despedidos –o “dados de baja”, como dicen en el gobierno. Esto implica que una tercera parte de la Secretaría ya no está. Además, hay unas 600 familias que en el futuro podrrían verse afectadas por los despidos o por reducciones de salarios.
Las áreas más golpeadas fueron el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, el Archivo Nacional de la Memoria (ANM) y los sitios de memoria, donde faltan trabajadores para llevar adelante las tareas de conservación, preservación, educación, investigación e incluso limpieza.
