La titular del bloque de senadores de La Libertad Avanza, Patricia Bullrich, confirmó este jueves que el oficialismo consiguió el despacho del proyecto de Régimen Penal Juvenil y anticipó que la intención es convertirlo en ley en la próxima sesión.
“A la Argentina no le pueden seguir sumando víctimas ni familias destrozadas mientras algunos menores se amparan en su edad para delinquir y quedar impunes”, sostuvo la legisladora en un mensaje difundido en redes sociales, donde remarcó que “se terminó mirar para otro lado”.
El anuncio fue respaldado por el presidente Javier Milei, quien desde Estados Unidos celebró el avance parlamentario.
La semana pasada, la iniciativa había recibido media sanción en la Cámara de Diputados con 149 votos afirmativos y 100 negativos. El texto fue acompañado por La Libertad Avanza, la UCR, el PRO y otros bloques provinciales y federales, mientras que el peronismo y la izquierda votaron en contra.
Los principales cambios
El proyecto modifica la normativa vigente —heredada de la última dictadura— y establece un régimen específico para adolescentes en conflicto con la ley penal. El punto central es la reducción de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años.
La propuesta descarta la prisión perpetua para menores y fija un tope de hasta 15 años de pena para delitos graves. Además, determina que el cumplimiento de las sanciones deberá realizarse en establecimientos diferenciados de los adultos.
El esquema contempla alternativas a la privación de la libertad y medidas orientadas a la reinserción social. Para delitos con penas inferiores a tres años no se prevé cárcel, mientras que en casos con escalas de entre tres y diez años —si no hubo muerte ni lesiones gravísimas— se priorizarán sanciones de carácter educativo y comunitario.
senado regimen penal juvenil (1)
En que consiste el Régimen Penal Juvenil que recibió media sanción
La iniciativa del Gobierno busca reemplazar el Régimen de Minoridad decretado en 1980 y propone reducir la edad de imputabilidad de 16 a 14 años, para delitos graves como homicidio, robo con violencia, abuso sexual o secuestro. De esta manera, representa el cambio más significativo en legislación penal de la gestión de Javier Milei.
La reforma fija una pena máxima de hasta 15 años de prisión, con la posibilidad de libertad condicional al alcanzar los dos tercios de la condena. Cuando las condenas establecidas sean de hasta 3 años, o de entre 3 y hasta 10 años pero que no impliquen un delito de gravedad, se reemplazará la privación de la libertad por otras penalidades, como las amonestaciones; la prohibición del contacto con la víctima, conducción de vehículos, asistencia a determinados establecimientos recreativos y a la salida del país; y la prestación del servicio a la comunidad.
A su vez, la reforma establece que los menores no deberán compartir espacios de reclusión con adultos y contempla un sistema de sanciones alternativas a la prisión para los delitos con una escala penal inferior a los 10 años. Entre ellas, se incluyen amonestaciones, monitoreo electrónico, prohibición de contacto con la víctima, restricciones para conducir vehículos y limitaciones para salir del país, con el objetivo de priorizar medidas socioeducativas y de reinserción.
El proyecto sufrió modificaciones de último momento de la votación. Por impulso de la Coalición Cívica, se reformaron los artículos 17, 30 y 34 para que se explicite que los menores de edad no serán privadas de su libertad en el mismo establecimiento que los adultos. A su vez, con un cambio del artículo 43, se quitó la posibilidad de que la querella intervenga en el proceso a prueba, dejándole esa atribución al Ministerio Público Fiscal.
