En un paso categórico para proteger la calidad de la vitivinicultura provincial, las principales entidades del sector, la Cámara de Bodegueros, Cámara Vitivinícola, Cámara Argentina de Fabricantes y Exportadores de Mosto y Cámara de Comercio Exterior, acordaron por unanimidad exigir que la uva destinada a la industria cumpla con los controles fitosanitarios contra Lobesia botrana. Esta decisión incluirá la evaluación de acciones comerciales concretas que podrían afectar a quien no haya cuidado debidamente sus uvas. Serán implementadas por el sector privado y cuenta con el acompañamiento del Gobierno de la Provincia de San Juan.
El acuerdo contempla que se comercialice uva libre de daño por la polilla de la vid considerando acciones tales como que los camiones que transporten uva hacia los establecimientos, circulen tapados, cumpliendo con la resolución 373/2025 – articulo 18 – inciso b del SENASA.
Las Cámaras solicitan expresamente a los productores que realicen los tratamientos fitosanitarios correspondientes, advirtiendo que se evaluaran consecuencias comerciales en caso de incumplimiento. También se dispuso que cada camión debe llegar cubierto a la bodega, “para evitar la propagación de la plaga y garantizar la calidad del producto” haciendo cumplir la normativa legal vigente.
En la reunión coincidieron que “una finca con que no mantiene los cuidados correspondientes, afecta a las fincas vecinas», así como también que “aquellos productores que no cuiden sus viñedos, por una parte, pierden kilos y, por otra, verán disminuido el valor de su producción”.
Con esta decisión colectiva y sostenida, esperan llegar al momento en que directamente no se reciba uva con Lobesia.
Cabe recordar que el Gobierno de San Juan acompaña esta iniciativa del sector privado con una campaña de control fitosanitario robusta. Para la campaña 2025–2026, la provincia dispuso una inversión total de $1.600 millones, financiados íntegramente con fondos provinciales, para combatir la polilla de la vid mediante aplicaciones aéreas, terrestres y con drones, más entrega gratuita de insecticidas y un programa de créditos con tasas subsidiadas de $150.000 por hectárea (y hasta un máximo de $7,5 millones por productor) canalizados por Fiduciaria San Juan.
Por su parte, las bodegas también están comprometidas con el proceso: muchas manifestaron su disposición de brindar asistencia a los productores para implementar los tratamientos fitosanitarios adecuados, haciendo hincapié en lo preventivo.
Con estas acciones coordinadas —exigencias comerciales, apoyo técnico, programa fitosanitario y financiamiento— se busca consolidar una estrategia sostenible que proteja la calidad de la uva, asegure el prestigio de los productos de San Juan y fortalezca la competitividad de la vitivinicultura en el largo plazo.
