Así fue que el Senado sancionó la Ley de Calidad y Seguridad del Paciente, conocida como «ley Nicolás», que incentiva el reporte de los riesgos en los procedimientos sanitarios «a los fines de disminuir su incidencia futura en situaciones similares» y promueve el «acceso a la información» del paciente a la hora de recibir atención médica, entre otros objetivos. Contó con 69 votos a favor y uno en contra (de la cordobesa Carmen Álvarez Rivero, del PRO).
El proyecto establece «protocolos de actuación del personal de salud», diseña «planes de auditoría de los sistemas de trabajo» de las instituciones sanitarias, propone «programas de autoevaluación» y «procesos estandarizados de vigilancia», instaura «una duración de los turnos y de las horas de trabajo del equipo de salud que eviten su agotamiento» y garantiza «una dotación del personal de salud que satisfaga las necesidades del servicio». A través de la creación de un registro, se recabarán los informes de las instituciones y se divulgarán anualmente los resultados de las investigaciones.
El proyecto lleva el nombre de Nicolás Deanna, un joven oriundo de Villa Gesell que falleció a los 24 años en el 2017 cuando no le detectaron a tiempo una meningitis bacteriana. Su familia impulsó desde el 2023 su sanción: luego de tener un apoyo unánime en Diputados en diciembre de ese año, estuvo más de un año y medio sin tratamiento y corrió el riesgo de perder estado parlamentario. Familiares de Nicolás se hicieron presentes en el recinto y celebraron la sanción del proyecto. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal de la medida «es neutro», porque no enuncia «asignaciones de gasto o beneficios tributarios».
Posteriormente, obtuvo media sanción unánime (70 votos) el proyecto que implementa el Régimen para la Detección y Posterior Tratamiento de Patologías en el Recién Nacido, incorporando la atrofia muscular espinal en el listado de enfermedades que son parte de las pesquisas neonatales. El padecimiento es hereditario y degenerativo, dañando las neuronas motoras, pero su detección durante el embarazo permite prevenir o ralentizar la enfermedad. Su costo le sumaría u$s1,65 a las actuales pesquisas neonatales, que pasarían de valer u$s9,92 a u$s11,57.
Senado agravó penas por delitos viales
Ante la presencia de organismos vinculados y familiares de víctimas, obtuvo media sanción por unanimidad (66 votos) un proyecto que agrava penas por delitos viales, factor que -según la exposición de la senadora Anabel Fernández Sagasti– provoca unas 4.000 muertes al año en la Argentina. Su redacción modifica el artículo 84 bis del Código Penal subiendo las penas agravadas, que pasarán de 3 a 6 años a 4 a 8 años, con inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena.
Asimismo, se añaden nuevos agravantes a los existentes, como la impericia en la conducción del vehículo, el consumo de medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir, tener alcoholemia mayor a cero, exceder en un 30 % la velocidad máxima, no estar habilitado para conducir el vehículo involucrado o estar manipulando un celular al conducir. En simultáneo, prevé la pena agravada de 5 a 12 años e inhabilitación especial por el doble de tiempo de la condena para el caso en que se presenten en conjunto tres o más agravantes.
Con acuerdo mayoritario por la ausencia del autor del proyecto (el senador Romero), se prorrogó hasta la próxima sesión la creación del Programa de Alerta Rápida Sofía, que activa un protocolo para búsqueda y resguardo de menores de edad desaparecidos. El Ministerio de Seguridad nacional quedaría como organismo de aplicación, tanto para constituir un Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas como para coordinar los procedimientos para concretar la investigación.
