La oposición en el Senado logró imponer su agenda en la reunión de Labor Parlamentaria y el próximo jueves desde las 11 debatirá en el recinto el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la ley que disponía el reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), respaldada por los 23 gobernadores y CABA.
El temario de la sesión quedó consensuado en un escenario de debilidad oficialista, durante la reunión que encabezó el senador libertario y presidente provisional de la Cámara alta, Bartolomé Abdala (San Luis), en reemplazo de Victoria Villarruel, a cargo del Ejecutivo por el viaje de Milei a Paraguay.
El proyecto de los ATN había sido aprobado en el Senado el 10 de julio y luego sancionada por Diputados. Como la cámara de origen fue la Alta, allí debe iniciarse la insistencia. Sin dictamen, el texto necesitará dos tercios de los votos en dos instancias: primero para habilitar su tratamiento sobre tablas y luego para rechazar el veto. En la votación previa, 56 legisladores se expresaron a favor y solo Luis Juez (Córdoba) lo hizo en contra.
El artículo incorporado a la ley 11.672, que es la norma permanente de Presupuesto, establece que los recursos del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias deberán distribuirse en “forma diaria y automática”, integrándose así a la masa de fondos coparticipables.
El impulso a la iniciativa contó con la firma de los gobernadores y del jefe de Gobierno porteño, además de referentes de distintos espacios: el kirchnerista José Mayans (Formosa), el radical Eduardo Vischi (Corrientes), el macrista Alfredo De Ángeli (Entre Ríos) y el correntino Carlos Espínola, de Provincias Unidas, entre otros.
Ley Nicolás y otros: el resto del temario este jueves en el Senado
En paralelo, la sesión también abordará la casi segura sanción de la “ley Nicolás”, que busca evitar diagnósticos errados y casos de mala praxis tras la muerte de Nicolás Deanna, de 24 años, por una meningitis bacteriana no detectada a tiempo. El proyecto, aprobado en Diputados en diciembre de 2023, promueve un marco jurídico para mejorar la calidad de la asistencia sanitaria, incorporar herramientas tecnológicas, reducir daños evitables y exigir la verificación de la aptitud profesional de los equipos de salud.
Además, se avanzará en un dictamen unificado de proyectos del senador Juan Carlos Romero (Provincias Unidas-Salta) para crear el Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y dar rango de ley al sistema “Alerta Sofía”. Otro expediente con consenso será el que agrava las penas por accidentes viales y se buscará también avanzar en la declaración de 4 monumentos.
¿Qué son los ATN?
El Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) está previsto en la Ley de Coparticipación Federal para atender “situaciones de emergencia y desequilibrios financieros” de los gobiernos provinciales. Según la norma, del total de impuestos coparticipables, el 42,34% queda en el Gobierno nacional, el 56,66% se distribuye automáticamente entre las provincias, y el 1% restante se reserva para los ATN.
Estos fondos se consideran transferencias no automáticas o “discrecionales”, porque el Ejecutivo nacional podía decidir cómo repartirlos, sin criterios ni prioridades previamente establecidos. La iniciativa aprobada por el Congreso buscaba modificar esta modalidad y establecer que los ATN se coparticipen de manera automática y diaria, como el resto de los fondos, integrando plenamente la masa coparticipable.
Según el último informe de la Jefatura de Gabinete, en lo que va de 2025 la Nación ya transfirió $84 mil millones a las provincias en concepto de ATN, casi un 70% más que lo transferido en todo 2024. Como en gestiones anteriores, estos recursos se giraron hasta ahora de forma discrecional, y la nueva ley buscaba cambiar esa lógica para garantizar previsibilidad y regularidad en la distribución.
En paralelo, el Gobierno evalúa cómo proceder con la ley de emergencia en Discapacidad, que ya fue ratificada. Entre las opciones están judicializar la normativa o reglamentarla de forma que su aplicación quede neutralizada, mientras se gestionan las repercusiones políticas de ambas decisiones.
