La Dirección de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica, dependiente del SPF y bajo la órbita del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich, comenzó a realizar los informes técnicos de viabilidad. Se trata de un procedimiento habitual que se lleva a cabo ante requerimientos judiciales para casos en que se solicite la colocación de un dispositivo de señal inalámbrica para el control de presos.
Carlos Beraldi, abogado de la titular del Partido Justicialista, confirmó que personal del área del SPF concurrieron este jueves al domicilio ubicado en San José 1111, en el barrio porteño de Constitución, para realizar cálculos y tomar medidas sobre el departamento. «Hace un rato vinieron a hacer un informe técnico. Ya se retiraron del domicilio», dijo a C5N.
En las próximas horas, el relevamiento se enviará al TOF 2. «El Tribunal será el encargado de definir si se efectiviza el uso de la tobillera o no», explicó Beraldi. Además añadió que, a criterio de la defensa, el uso del dispositivo es «una imposición que no corresponde e innecesaria» y adelantó que la van a recurrir ante la Justicia.
La tobillera se conecta a una «unidad domiciliaria», similar a un teléfono celular, que se instala dentro del departamento de la persona condenada y funciona como un localizador o GPS. Se encarga de enviar una señal constante al dispositivo que permite mantenerlo enlazado. Cuenta con un margen de cinco metros de distancia del domicilio. Pasado ese rango, se activa una alarma en la dependencia federal.
Los requisitos de la Justicia para otorgarle la prisión domiciliaria a Cristina Kirchner
El TOF 2 dispuso el martes pasado, en su resolución «la detención de Cristina Elisabet Fernández de Kirchner, a partir del día de la fecha y bajo la modalidad de prisión domiciliaria, a los fines de cumplir la condena» a seis años que ratificó la Corte Suprema la semana pasada. Para garantizar el beneficio del arresto domiciliario, la Justicia estableció las «reglas de la conducta» que deberá cumplir, las cuáles serán supervisadas cada tres meses por la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal del Consejo de la Magistratura.
Las reglas de conducta son las condiciones que deberá cumplir la expresidenta «mientras se mantenga la modalidad domiciliaria del cumplimiento de la pena de prisión». En primer lugar, deberá permanecer en el domicilio elegido, salvo «en situaciones excepcionales» que deberá informar a la Justicia y «justificar debidamente» y se le impuso el uso de una tobillera electrónica.
También pusieron una restricción que apunta a evitar las concentraciones de manifestantes en el frente de su departamento. En este sentido, indicaron que «deberá abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes».
En el mismo sentido, el tribunal también limitó la cantidad de visitas que podrá recibir. La exmandataria deberá presentar un listado de personas que estarán autorizadas a ingresar al domicilio sin autorización judicial. Toda persona que no está incluida en el listado deberá pedir autorización judicial.
