El Tribunal Oral Federal N°2 resolvió este jueves que los diputados y senadores que quieran visitar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su departamento del barrio porteño de Constitución, donde cumple prisión domiciliaria, también deberán solicitar una autorización judicial vía correo electrónico.
La resolución de este jueves responde a una presentación que diputados y senadores de Unión por la Patria (UxP) realizaron el miércoles ante el TOF N°2, donde detallaban los «sobrados motivos» por los cuales visitarán a CFK en su departamento de San José 1111 sin previo aviso ni autorización judicial. «Los jueces no deben interferir en facultades privativas de otros poderes», habían advertido los legisladores.
El TOF N°2 les respondió que «por más repetitivo que parezca, ya en la resolución del 17 de junio pasado se estableció como pauta de conducta que la parte debía informar una nómina de personas que podrían acceder al domicilio donde Fernández de Kirchner ‘cumplirá la pena de prisión sin necesidad de autorización judicial, debiendo requerirse y motivarse el eventual acceso de toda otra persona no incluida en ese listado‘».
A la luz de esa disposición, agrega el tribunal, «de hacerse lugar a esta última petición de la parte (senadores y diputados de UxP) se acabaría neutralizando la esencia de la regla impuesta que, precisamente, prevé el estudio de cada caso en particular que se encuentre por fuera del listado de personas autorizadas sin restricción alguna (según criterio de la interesada)».
El planteo de los legisladores de UxP
En la presentación formal que diputados y senadores de UxP realizaron el miércoles ante el Tribunal Oral Federal N°2, se le avisaba a los jueces que los legisladores concurrirán «en cada oportunidad que sea necesaria» al departamento de San José para reunirse con Cristina Kircher, sin pedir autorización.
El documento exigió que se respete la «investidura, la división de poderes y la plena vigencia de la representación política». En ese sentido, los diputados y senadores explicaron que realizarán las visitas a CFK sin pedir autorización previa basándose en el «mandato de representación popular» que poseen.
«En calidad de representantes del pueblo no necesitamos autorización alguna por parte del Tribunal para tener contacto personal con la expresidenta», remarcaron. También mencionaron la facultad que como legisladores les otorga la Constitución, en sus artículos 67 a 69, para «proteger el libre ejercicio de la representación, evitando interferencias».
Los diputados y senadores se encargaron, además, de explicar lo obvio: que en condiciones normales un legislador puede visitar a un detenido con domiciliaria o en cárcel común sin permisos del Poder Judicial.
«Limitar nuestro contacto no sólo afectaría nuestra labor parlamentaria, sino que implicaría un menoscabo al mandato popular que nos otorgaron todas aquellas personas que ven a Cristina como una líder política indiscutida», concluyeron.
