«¡Por favor, piensen bien lo que van a votar el domingo! ¡Vayan a votar, participen, pero no permitan que esta crueldad se nos haga costumbre!». El grito de un grupo de familiares de personas con discapacidad se dirige a los que cruzan apurados la Plaza de Mayo en horario de salida de oficina, y que intentan pero no logran ignorar lo que allí sucede. Frente a las rejas que rodean cada vez más la Casa Rosada se han congregado los colectivos más directamente afectados por esa crueldad que denuncian: Garrahan, universidad, discapacidad. «Hoy somos nosotros, mañana son ustedes, acá nos quieren borrar del mapa a todos», siguen diciéndole a los oficinistas. No son los únicos que salieron a denunciar que «Nuevamente el Presidente no cumple con la ley«, como dice un gran cartel que es también un flyer que circulan los trabajadores del Garrahan.
Legisladores y referentes de distintos sectores de la oposición, también constitucionalistas, se pronunciaron frente a un escenario tan grave como inédito: un gobierno que, tras ser derrotado en el Congreso con leyes que avanzaron a pesar de sus intentos de veto, se encarga de que no se apliquen esas normas. El martes diputados de la oposición ampliaron la denuncia contra el Gobierno por estos nuevos vetos en los hechos, por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
La emergencia pediátrica, el financiamiento universitario, y antes la emergencia en discapacidad, siguieron los mismos derroteros. Son cuestiones urgentes que la sociedad respalda, que fueron y vinieron en el Congreso hasta lograr frenar sus vetos, pero que, aun así, contra toda lógica republicana y constitucional, Javier Milei insiste en rechazar.
El martes el gobierno finalmente promulgó las leyes de Emergencia Pediátrica y de Financiamiento Universitario, que fueron ratificadas una y otra vez por el Congreso: tuvieron cuatro votaciones, dos en cada cámara, rechazando los vetos. Pero lo hizo con un detalle no menor: la aplicación de ambas normas fue suspendida por decreto.
¿Cuál es el argumento y cómo se explica? Milei suspendió la entrada en vigor de la ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, y de la Ley 27.796 de Emergencia Sanitaria de la Salud Pediátrica y de las Residencias Nacionales en Salud (conocida como «Ley Garrahan») hasta que el Congreso «determine las fuentes de su financiamiento» e «incluya en el presupuesto nacional las partidas» para implementarlas. El que lo enuncia es el mismo gobierno que evitó votar un nuevo presupuesto tras prorrogar el de 2023. Y que había hecho lo mismo en septiembre pasado con la emergencia en discapacidad.
Es decir: El Ejecutivo cumple en promulgar las leyes, pero no destinar partidas para que se puedan aplicar. Y en cambio le reclama al Congreso que defina sus fuentes de financiación e incluya en el presupuesto nacional las partidas para estas erogaciones. Posterga así con fecha indefinida la entrada en vigor de estas normas que, como su nombre lo indica, vienen a cubrir emergencias.
A las cifras de la motosierra y del déficit cero, en la marcha del martes en Plaza de Mayo se opusieron otras, muy concretas: «Garrahan no pone en riesgo el equilibrio fiscal. Un ejemplo claro es que el dinero para la reimprimesión de boletas electorales, que el gobierno dijo que tenía disponible, habría alcanzado para cubrir el año en curso», dicen los trabajadores. «La exención temporal de las retenciones al agro supera lo que se necesita para el financiamiento universitario de todo el año», compara Guillermo Durán, decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA.
Tiempos de autocracia
«Es todo un deja vu liberto. Ahora con el financiamiento universitario y la emergencia pediátrica. Un nuevo acto de autocracia«, definió el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, ligando la noticia del martes a lo que pasó con la emergencia pediátrica. Explica que los decretos que suspenden las emergencias y le tiran la pelota de la financiación al Congreso son «nulos de nulidad absoluta e insanable, e inconstitucionales» «al violar objetivamente el procedimiento de formación y sanción de las leyes, así como lesionar derechos».
«Las personas afectadas promover acciones de amparo de forma individual y colectiva. Cualquier persona realizar una denuncia penal por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Cualquier persona solicitar a la Cámara de Diputados la promoción de un juicio político contra el señor Presidente Javier Milei por mal desempeño en el cargo y la comisión de delitos en ejercicio del cargo», advierte.
«El hospital Garrahan no se toca», reclamó Jorge Taiana. «Mientras Milei se niega a aplicar las leyes votadas por el Congreso, los chicos siguen esperando atención y recursos.
No hay futuro posible si se castiga a la educación y a la salud pública», advirtió el candidato a diputado por Fuerza Patria.
El diputado de Encuentro Federal Esteban Paulón es uno de los que venía reclamando que el plazo para la promulgación de estas leyes vencía el viernes pasado. «El jefe de Gabinete nos devuelve las leyes y nos dice: ‘díganme con qué partidas’. Pero el que suspendió el presupuesto es el gobierno», señala la incongruencia. «El Congreso cumplió con las cinco instancias de promulgación de las leyes, todas y cada una. Las tienen que cumplir. Porque lo dice la Constitución, y a esta altura también y por humanidad». pide.
«De la crueldad a la desobediencia«, tituló el diputado y presidente de la Coalición Cívica, Maximiliano Ferraro. «Una vez más, el Gobierno se aparta de la ley y de la Constitución. Es un Gobierno que, de forma arbitraria y deliberada, decide no cumplir con las normas sancionadas por el Congreso conforme al proceso democrático. Es crueldad, pero también un acto de desobediencia institucional sin precedentes», denunció.
Desde el mismo espacio el legislador y candidato a diputado nacional Hernán Reyes definió al decretazo como «un acto ilegal». «Le voy a pedir una urgente intervención a la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes para que le ponga un límite al Gobierno y ejecute la ley de financiamiento para el Hospital. Este Gobierno cree que está por encima de la Constitución y que Milei es un rey. Nada más lejos de la realidad y alguien se lo tiene que decir», reclamó. El problema con su reclamo es que la defensoría que cita quedó acéfala, después de que el gobierno junto a sus aliados en el Congreso desplazaran del cargo a Marisa Garrahan, en mayo pasado.
«Se nos burlan día a día»
El colectivo «Soy Garrahan» reúne a madres (la mayoría) y también padres de nenes y nenas que están o pasaron por el hospital. Son «una gran familia», como se definen, aunque sus hijos hayan superado las terapias y solo tengan que asistir a control. ¿Qué sintieron cuando se enteraron del decreto? «Se nos burlan día a día. Es triste, indignante, ¡hay que reaccionar!», piden en Plaza de Mayo. «Pero se metieron con la gente equivocada. Nosotros le vimos la cara a la muerte de nuestros hijos, ¡Mirá si le vamos a tener miedo a este!
A su lado Bárbara, «enfermera de Adolescentes», las escucha y alaba «la fortaleza de maternar en esta situación, y además salir a luchar»; «la convicción de pelear por la defensa de la vida».
«La verdadera emergencia es la indiferencia. «Seguir postergando la emergencia en discapacidad es legalizar el abandono». «Hoy lucho por mis pacientitos que no pueden hacerlo», reclaman los carteles que levantan Fernanda Abalde, Diego Vega y Laurentina Losi.
Son prestadores -y también hermana de una persona con discapacidad, doblemente golpeada, en el caso de Fernanda- que relatan un estado de cosas imposible de sostener: sesiones profesionales que se pagan 12 mil pesos (a las que hay que restar todos los gastos, incluidos alquiler, transporte, monotributo), terapias que se cortan, hogares que cierran.
«Nos quieren borrar del mapa, nos quieren desmantelar, con todo lo que cuesta cada logro. No solo no les interesamos, les molestamos. Nos quieren desaparecer», concluyen.
