Los legisladores de las diferentes bancadas analizan desde impulsar denuncias penales a los funcionarios del Poder Ejecutivo, avanzar con una moción de censura al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y hasta pedido de juicio político.
“Creatividad legislativa”. Así podría llamarse la nueva estrategia a la que apeló la Casa Rosada para no poner en marcha la Emergencia en Discapacidad, ley que había sido vetada por el presidente Javier Milei pero que luego de reunir los dos tercios en ambas cámaras, el Congreso logró ratificar. ¿Por qué “creatividad”? Porque nadie que peine canas en el Palacio recuerda que el Poder Ejecutivo le “devuelva” una ley al Poder Legislativo, tal cual hizo el gobierno de La Libertad Avanza luego de promulgar la ley en el Boletín Oficial. En medio del estupor, la oposición analiza los pasos a seguir. No descartan impulsar la remoción al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Este lunes, el Boletín Oficial oficializó la ley que declara, hasta diciembre de 2026, la Emergencia en Discapacidad. Días atrás, la titular del Senado, Victoria Villarruel, le comunicara la insistencia a la Casa Rosada. Lo llamativo es que en el mismo decreto se especifica su comunicación al Congreso, “en virtud de lo establecido por el artículo 5° de la Ley N° 24.629, con el fin de que incluya las partidas correspondientes en el presupuesto nacional que permitan la ejecución de la ley que por el presente acto se promulga”. En otras palabras, el Ejecutivo promulgó la ley, pero suspendió su implementación.
El artículo 5 de esa ley establece: “Toda ley que autorice o disponga gastos deberá prever en forma expresa el financiamiento de los mismos. En caso contrario quedará suspendida su ejecución hasta tanto se incluyan las partidas correspondientes en el presupuesto nacional”.
La “devolución” de la ley llamó la atención. Sobre todo porque la iniciativa, en su artículo 19, establece su financiamiento. En concreto, se faculta al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a “efectuar las ampliaciones y modificaciones presupuestarias tendientes a asegurar el financiamiento de las medidas de protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad y de los prestadores a su favor dispuestas en la presente ley”. Al mismo tiempo, el artículo establece que las reestructuraciones presupuestarias “no podrán realizarse con la reducción de los créditos correspondientes a la finalidad ‘Servicios Sociales’.
Vale aclarar que Francos, en calidad de administrador del Estado, constantemente reestructura partidas presupuestarias. Sobre todo si se considera que, por segundo año consecutivo, Milei gobierna sin presupuesto.
«La manda genérica a realizar reasignaciones de partidas presupuestarias no constituye una fuente concreta, específica, actual y suficiente conforme se exige por el precitado artículo 38 de la Ley N° 24.156″, reza el decreto que oficializó la ley de Emergencia en Discapacidad.
Congreso: las opciones que barajan los bloques
Uno de los primeros en hacerse eco del decreto fue el diputado de Encuentro Federal, Esteban Paulón. «La Constitución es clara. Ley aprobada y vigente se cumple. No existe tal cosa como ‘devolver al Congreso'», escribió el socialista. Y remarcó que la «creatividad» de Milei y Francos «es causal de denuncia penal, moción de censura y pedido de juicio político».
Pero además, el rosarino se dirigió a los Tribunales de Comodoro Py para ampliar su denuncia por “maniobra inconstitucional del poder Ejecutivo». Días atrás, el diputado ya había denunciado a Milei y a Francos por la demora en la promulgación y reglamentación de la ley. La demanda era por abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. También habían sido demandados María Ibarzabal Murphy, Secretaria Legal y Técnica de la Nación y Walter Rubén González, director del Registro Oficial. Asimismo, Paulón sumó al ministro de Salud, Mario Lugones, que también firmó el decreto que oficializa la ley.
