El país libertario no está exento de paradojas. El mismo gobierno que a principios de octubre decretó “la total desregulación del transporte interjurisdiccional de pasajeros” –en palabras de Federico Sturzenegger– se vio obligado a presentar una medida cautelar contra las empresas del sector que, escudadas en la nueva normativa, dejaron sin pasajes gratuitos a las personas con discapacidad. El derecho a esa cobertura está garantizado en una ley, la 25.635, vigente desde hace más de 20 años. Sin embargo, desde hace por lo menos 15 días, empezaron los problemas: muchos se encontraron con que las compañías ponen trabas, dan vueltas y se amparan en el DNU firmado por Javier Milei para negárselos. En la mayoría de los casos, se trata de personas que necesitan viajar desde el interior a Buenos Aires para atenderse en el sistema de salud o estudiar en escuelas especiales. Desde el Ejecutivo nacional acusan a las empresas de aprovecharse de la retirada del Estado y los empresarios aseguran que no es su obligación porque ya no brindan «un servicio público».
La medida cautelar fue presentada por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), luego de detectar «reiterados incumplimientos» de las empresas del sector respecto de la ley vigente. La semana pasada, la misma Comisión había advertido a las empresas que, en caso de negar los pasajes, habría sanciones. Como las denuncias de personas con discapacidad comenzaron a multiplicarse –organizaciones como la Asociación Síndrome de Down de la República Argentina (ASDRA) y la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) reunieron más de 30 en pocos días– las sanciones se hicieron concretas y el Gobierno apeló finalmente a la vía legal.
Desde la CNRT apuntan a que la responsabilidad es únicamente de la Cámara Empresaria de Transporte Interurbano en Jurisdicción Nacional de Pasajeros (CELADI), pero la Cámara no hace otra cosa que ampararse en el decreto que firmó el propio Presidente y que las exime –al dejar de ser un servicio público, y por ende, esencial– de cumplir con determinados requisitos. Ese mismo argumento es el que les esgrimen a las propias personas con discapacidad cuando quieren sacar los pasajes. Incluso dejaron de cargar el servicio en la página web de la propia CNRT y dieron de baja muchos de los pasajes gratuitos que ya habían sido reservados con antelación.
«Es una situación cuanto menos ridícula, por no decir cruel. Estamos hartos de que nos traten como el descarte de la sociedad», le dijo a Página/12 Ana Dones, referente de REDI. «Nosotros vamos a seguir pidiendo sanciones más fuertes, pero esto se soluciona fácil: volviendo atrás el decreto y que el transporte vuelva a ser un servicio público. El problema lo generó el propio Gobierno. Es una vergüenza», sostuvo.
Desamparados
–A Norberto le hicieron reciente un trasplante de pulmón. Hace poco le dijeron que no tenía los pasajes garantizados. Vive en Casbas, un pueblo del interior de la Provincia de Buenos Aires, a casi 500 km de la CABA. Es electrodependiente y el boleto gratuito lo tiene a través del INCUCAI. Necesita viajar para operarse. La empresa que se lo negó es Ñandu Del Sur.
—Natalia, que vive en General Pico, La Pampa, atravesó una situación similar. Su hija de 13 años padece de Ehlers-Danlos, un síndrome poco frecuente que afecta las articulaciones. Por correo electrónico le dijeron, inicialmente, que no era posible darle el pasaje. Luego de varios llamados, insistencia a la empresa y contactos con la CNRT, pudo conseguirlo. Logró presionar porque el DNU tiene una entrada en vigencia a partir de los 60 días una vez publicado: ella misma encontró el resquicio legal para que la empresa no pueda rechazárselo. «Pero dentro de un mes, si no esto no cambia, no sé cómo voy a hacer», remarcó.
Ante el desmanejo del Gobierno y la codicia empresaria, desde REDI resaltaron la relevancia del servicio de los pasajes gratuitos. «Las personas con discapacidad solemos tener más gastos asociados a nuestra condición, relacionados con tratamientos y apoyos para nuestra autonomía«, dijeron. «Además, la mayoría de las personas con discapacidad o bien están desempleadas, o bien tienen trabajos precarios y muy mal pagos. Por eso, exigimos que se normalice el cumplimiento de este derecho consagrado por ley», subrayaron.
Pases de factura
En las últimas dos semanas, el Gobierno tuvo una lección de vida: cuando el Estado se corre, el mercado avanza con voracidad. Apenas Sturzenegger anunció la desregulación del transporte automotor de media y larga distancia, los canales de denuncias de la CNRT explotaron. A través de la página web del organismo, sus teléfonos y delegaciones, crecieron exponencialmente las presentaciones de personas con discapacidad. Pasaron de dos por semana a 1.500 en tan solo 15 días.
La primera reacción del área que conduce Edgar Pérez fue lanzar más de 1.000 intimaciones para que las empresas cumplan con sus responsabilidades. Tras la falta de respuesta de gran parte de las firmas, avanzó en la aplicación de 350 sanciones. Las multas económicas rondaron los 150 mil pesos por caso. «Las sanciones alivianaron la situación, pero hay empresas que aún continúan con el mismo accionar. Por eso abrimos una medida judicial. Presentamos una cautelar para que se cumpla, cuanto antes, con ese derecho», explicaron a este diario desde la CNRT.
Desde la secretaría de Transporte aseguraron que la desregulación tuvo como objetivo mejorar la oferta a las empresas, a partir de la libre elección de rutas, tarifas y horarios. No obstante, aclararon que la nueva normativa no elimina el boleto gratuito para las personas con discapacidad. «Sigue vigente esa obligación», subrayó el secretario de Transporte, Franco Mogetta, y, contrario al discurso promercado del Presidente, lanzó una amenaza: «Vamos a ir hasta las últimas consecuencias» con quienes se opongan a cumplirla.
Los empresarios, en tanto, contraatacaron. La CELADI señaló que, a través del decreto 883/23, el Gobierno dispuso el fin del «servicio público» de media y larga distancia. “Nosotros no lo dictaminamos, básicamente nos sacaron del sistema”, justificó el vocero de la Cámara Empresaria, Gustavo Gaona, para defender la interrupción de determinados beneficios como los pasajes gratuitos. La obligación, según su postura, sigue existiendo, pero no es del privado sino del Estado. Esta interpretación es rechazada por el Gobierno, quien además resaltó que la desregulación todavía ni siquiera entró en vigencia.
El derecho a los pasajes gratuitos está vigente desde la sanción en 2002 de la ley 25.635, que modificó un decreto ley de la dictadura que ya hablaba de la necesidad de que las personas con discapacidad tengan garantizado el transporte gratuito para atenderse en el sistema de salud o concurrir a los centros educativos. Hasta ahora, el Estado garantizaba cuatro pasajes por micro: dos para personas con discapacidad y otros dos para sus acompañantes. El pasaje se emite hasta con 48 horas de anticipación, y no se entrega sin que se tenga el CUD (Certificado Único de Discapacidad). Un dato no menor, que pone los pelos de punta a los libertarios: el pasaje lo paga el Estado. Las empresas sólo pierden plata respecto de la inflación, porque terminan cobrando ese subsidio a seis meses o más. Con la entrada en vigencia del DNU 883/2024, que desregula el servicio, empezaron a retacearlo.
El problema de los pasajes se suma a una larga lista de quita de derechos que afronta el colectivo de personas con discapacidad. Este diario ya dio cuenta de un quite de al menos 200 mil pensiones por invalidez para el año próximo, según consta en el presupuesto de 2025, que incluye un ajuste de 1.600 millones de dólares en el sector.
Para justificar el nuevo ajuste, el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, adujo que detectaron presuntas irregularidades en el cobro de la asistencia. El recorte podría ser aún más profundo una vez que finalice el proceso de auditorías de las 1.250.000 pensiones que se otorgan al día de hoy.
