La administración de Javier Milei se vio conmovida en los últimos días por las denuncias en torno de un esquema de “coimas” en la compra de medicamentos para discapacitados que salpican a la hermana del primer mandatario y secretaria General de Presidencia, Karina, y a su estrecho colaborador, el subsecretario de Gestión Institucional Eduardo “Lule” Menem. Es más, se espera que en los próximos días haya más denuncias que afectarían a miembros del gobierno. Se sospecha que “(Diego) Spagnuolo se convertiría en un arrepentido”.
El escándalo estalló tras la difusión de audios con la voz de Spagnuolo, ex director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los que se sostiene que la hermana del presidente y Menem recibirían un 3% del precio de los medicamentos que adquiere el Estado como retorno, un tema que el funcionario saliente le habría informado a Javier Milei.
En la Casa Rosada hay quienes creen que se trata de “una operación instrumentada por el propio Spagnuolo que habría difundido los audios como forma de negociar su salida del Gobierno”.
Argumentan que Spagnuolo sabía que tenía los días contados por “los errores de su gestión”. Estimaciones oficiales calculan que en la Argentina no debe haber más de 300.000 personas que realmente son discapacitadas, es decir la cuarta parte de los que actualmente reciben subsidios. “Existirían 900.000 beneficiarios truchos que reciben plata de la política”. Sin embargo, indican que en su gestión el director saliente prácticamente no depuró casi nada del padrón.
Quienes le atribuyen al ex abogado de Javier Milei haber grabado estos audios señalan que en sus comentarios se presenta como una víctima, cuando algunos consideran que “no sería tan impoluto”.
Otros apuntan a que sería una “operación” de Santiago Caputo, quien mantuvo diferencias con Karina. “No tiene ningún sentido, Santiago forma parte de este Gobierno” sostienen en el entorno del asesor. Además, “ya ha aceptado que triunfó la estrategia electoral de Karina (ir a las urnas con candidatos propios y sin mayores acuerdos con los gobernadores) y ahora están nuevamente trabajando juntos”.
Desde ya que aseguran que el presidente y su hermana “son honestos” y que “no sería la primera vez que algunos delincuentes roban usando el nombre Milei”.
Hasta el momento, la reacción del Gobierno consistió en expulsar a Spagnuolo y el jefe de ministros, Guillermo Francos, hizo declaraciones sobre el tema señalando que “nosotros no le tenemos temor a la Justicia, porque en este caso tienen que probarse hechos y nosotros creemos que no los hay”.
El jefe de gabinete, fue el encargado de ser la voz oficial ante este escándalo. En materia comunicacional las autoridades optaron por informar poco y concentrar el manejo del tema en pocos periodistas a los que considera afines.
Algunos sostienen que sería importante escuchar a Milei sobre el particular, dado su estilo frontal como hizo en su momento ante las acusaciones por el caso Libra.
Si bien la estrategia oficial pasaría, en sintonía con estas declaraciones, por dejar que sea la Justicia la que resuelva el asunto, en medios del Gobierno hay quienes piensan que para descomprimir la situación se debería dar una señal más fuerte y que “Lule” Menem debería dar un paso al costado, sin que esto implique inculparlo, pero sí abrir un paréntesis para aclarar la situación.
Deterioro
Existe preocupación por que episodios como las versiones de coimas resquebrajen “el contrato social por el cual la gente soportó tanto ajuste, consistente en la demanda de combatir la corrupción”. Se recuerda que Milei llega a la presidencia con la promesa ante la sociedad de “barrer con los privilegios de la casta” de donde cabe esperar que haya poca tolerancia por parte de su electorado a hechos de corrupción. Con todo, los analistas políticos coinciden en que la gran ventaja del Gobierno, de cara a las elecciones, es que no tiene una alternativa competitiva en frente
Desde el punto de vista de la imagen del Gobierno, el escándalo está teniendo costos, según evalúan los analistas.
La imagen del presidente Milei ya venía sufriendo signos de deterioro por segundo mes consecutivo, al igual que el nivel de aprobación del Gobierno, según la última encuesta de Synopsis realizada entre el 11 y el 16 de agosto.
La percepción negativa llegó a 55,4% muy cerca del pico máximo registrado a comienzos de año con el caso Libra (57,5%). La imagen positiva se ubicó en torno al 41%, cifra que también se aproxima al pico más bajo, aunque sigue siendo elevada en términos comparativos.
Distintos factores explican este comportamiento según la consultora que dirige Lucas Romero, entre ellos problemas de gestión (caso Fentanilo), con la economía (ruido en el dólar y las tasas), tensiones políticas (cierre de listas con heridos), golpes legislativos (insistencia en la ley de discapacidad) y “casos peligrosamente problemáticos como las sospechas de corrupción en la compra de medicamentos”.
No obstante, La Libertad Avanza (en alianza con el PRO) sigue liderando la intención de voto de cara a las próximas elecciones de medio término. Se impondría con 40,5% de los sufragios contra 36,4% de Fuerza Patria, según la última encuesta de Synopsis, en lo que se presenta en una contienda altamente polarizada (Provincias Unidas se encuentra en tercer lugar con sólo 5%).
De esta forma, el oficialismo lograría el tercio de legisladores necesarios para sostener los vetos, pero no llegaría a tener mayoría en ninguna de las dos cámaras.
En Diputados podría sumar a 83 representantes propios y unos 20 más de aliados, pero igual le faltarían 46 para alcanzar la mayoría (129).
En cuanto a la cámara alta, podría alcanzar en diciembre la cifra de 21 senadores propios y contar con unos 4 aliados, pero igual quedaría 16 por debajo de los necesarios para tener mayoría (37).
