A través de un reporte publicado este martes, la organización denunció la «interrupción total» de la compra y distribución de insumos esenciales para garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo, una ley que fue sancionada por el Congreso en diciembre de 2020.
Según indicó, a lo largo de 2024 el Ejecutivo nacional «no distribuyó» estos insumos a las provincias. En números, la distribución de métodos anticonceptivos, anticonceptivos de emergencia y tests de embarazo cayó un 81% entre 2023 y 2024, según Amnistía.
La institución informó que entre 2024 y abril de 2025, la organización registró 280 casos, frente a los 75 reportados en 2023. Sumado a eso, solo en los primeros cuatro meses del año ya se acumularon 160, que representa el 133% del total del año anterior.
En el informe, se detalló que el 33,67% de las personas que se contactaron con Amnistía Internacional durante 2024 señalaron no saber cómo o dónde acceder a una interrupción del embarazo, algo que deja en evidencia la falta de información como el impedimento más frecuente para ejercer este derecho.
Por su parte, la directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, Mariela Belski, aseguró en diálogo con C5N que «no se trata de casos aislados» y remarcó que los reclamos se repiten en distintas provincias.
«La falta de insumos, el abandono del rol rector del Estado en materia sanitaria y las desigualdades estructurales están dejando a muchas personas fuera del sistema de salud«, agregó.
Cuáles son las barreras para acceder al aborto legal, seguro y gratuito
Según el informe, las barreras afectan por sobre el resto a las mujeres, adolescentes y personas gestantes en situación de pobreza o en zonas rurales. Entre los motivos, figuran:
- Falta de insumos como misoprostol y mifepristona
- Desinformación o ausencia de información oficial
- Consejerías con discursos disuasivos
- Dilaciones injustificadas en la atención
- Maltratos por parte del personal de salud
Amnistía destacó que el gobierno libertario desmanteló políticas fundamentales como el Plan ENIA (Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia) y redujo en un 81% la entrega de anticonceptivos y test de embarazo a las provincias.
En consonancia con la falta de información mencionada previamente, el 80% de las personas que hicieron denuncias a la línea 0800 del Ministerio de Salud no había logrado contactarse o no obtuvo respuestas adecuadas.
El documento alertó sobre la proliferación de «centros de maternidades vulnerables» que funcionan como espacios de desinformación dentro de hospitales públicos, con el objetivo de disuadir a las mujeres de acceder a un aborto legal. Además, un 62% de los casos registrados no pudo acceder a la práctica dentro del plazo que garantiza la Ley 27.610.
Por último, Amnistía remarcó que la regresión en políticas públicas no solo atenta contra derechos conquistados, sino que incrementa la desigualdad territorial y económica, ya que deja a las poblaciones más vulnerables sin protección efectiva.
