El Congreso volvió a mostrarse como el escenario de la amenazas disciplinadoras contra las organizaciones gremiales, como cada vez que las centrales sindicales deciden una medida de fuerza contra el gobierno ultraderechista de Javier Milei. En vísperas de un paro general de la CGT con el respaldo de las dos CTAs, la embestida fue en la Cámara de Diputados y la cabecera de playa volvió a ser la comisión de Legislación del Trabajo, donde el radical porteño Martín Tetaz, que la preside, decidió reabrir el debate sobre distintos proyectos (impulsados por el PRO, la UCR, la CC y LLA) para eliminar el “aporte solidario” de los trabajadores a sus respectivos sindicatos y que puso en alerta a los gremios. Desde Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, así como los diputados de extracción gremial expresaron su rechazo a las iniciativas que buscar modificar las leyes de Asociaciones Sindicales (23.551) y de Convenciones Colectivas de Trabajo (14250) y así “desfinanciar a los sindicatos” y dañar su capacidad de resistencia frente a las políticas que recortan derechos y salarios.
No es la primera vez que sucede durante la gestión libertaria y que el bloque oficial de la UCR se ofrece como punta de lanza contra los sindicatos. Con su postura aliada, el radicalismo fue quien mas insistió en sumar a la Ley Bases de Milei una ambiciosa reforma sindical dirigida a debilitar el poder de los gremios, que la Casa Rosada había desechado y que no prosperó porque otras bancadas dialoguistas como Encuentro Federal le quitaron respaldo.
Ahora Tetaz volvió a la carga tras la confirmación de un nuevo paro general de la CGT. El primero de abril citó a la comisión de Legislación del Trabajo para volver a poner en discusión una decena de proyectos que tienen como eje la eliminación del aporte solidario de los trabajadores a los gremios. En la reunión, los diputados de extracción sindical acusaron al diputado radical de manipular la agenda de la comisión para ir en contra de los sindicatos, pero Tetaz redobló la apuesta con la promesa de una nueva convocatoria para dictaminar y llevar los proyectos al recinto.
Aunque se trata de una decena de proyectos, algunos de ellos concentraron el debate por el alcance de las medidas que impulsan. El diputado radical Fabio Quetglas junto al jefe de su bloque, Rodrigo de Loredo, proponen no sólo eliminar las contribuciones solidarias sino que busca terminar con la denominada “ultraactividad”, permitiendo que caiga la vigencia del Convenio Colectivo de Trabajo respecto a condiciones laborales, contribuciones y demás obligaciones asumidas por los empleadores, en tanto no se la “renueve” por un nuevo acuerdo. Además de limitar la duración de los mandatos de los dirigentes sindicales — desconociendo y atacando la autonomía sindical–, los obliga a presentar periódicas declaraciones juradas, equiparándolos con los funcionarios públicos.
Otro diputado radical, Luis Picat, avanza sobre la eliminación del patrimonio de las asociaciones sindicales prohibiendo que las contribuciones solidarias se establezcan mediante convenio colectivo. “Las cláusulas de la convención por las que se establezcan contribuciones a favor de la asociación de trabajadores participantes, se encuentran prohibidas tanto para los afiliados, como también para los no afiliados”, dice el artículo 9 de su proyecto. Busca arrasar con la legislación argentina que reconoce las contribuciones de solidaridad de trabajadores afiliados o no a su sindicato, porque todos se benefician con los avances y los logros en las condiciones de trabajo obtenidas por la asociación sindical negociadora.
En tanto la diputada de la Coalición Cívica, Marcela Campagnoli, también propone eliminar las cláusulas pactadas en las convenciones colectivas, en las que se establecen contribuciones de solidaridad, disponiendo en el proyecto que únicamente serán válidas para los trabajadores afiliados al sindicato. El monobloquista de Republicanos Unidos, Ricardo López Murphy, presentó un proyecto en el mismo sentido. La libertaria Marcela Pagano apuntó, en cambio, en su proyecto que los aportes obligatorios en materia de capacitación y seguros, pasen a ser voluntarios”, y criticó que los sindicatos no rindan cuenta sobre los mismos.
Los rechazos
Desde UxP y el FIT se encargaron de rechazar duramente los proyectos, pero los diputados de extracción sindical fueron los más enérgicos. “Desconocen que son decisiones que toman los propios trabajadores en uso y práctica de su autonomía. Los sindicatos son organizaciones libres y no pueden estar sometidas a la lógica de un Estado”, dijo Hugo Yasky, uno de los secretarios generales de la CTA y diputado de UxP.
Además Yasky cuestionó el proyecto de López Murphy y sostuvo que “lo que propone es absurdo porque la Organización Internacional del Trabajo plantea el respeto a las decisiones que toman los sindicatos que están fiscalizadas por el orden público”. Afirmó que en Europa existe la cuota solidaria y desmintió que el sindicalismo impone la afiliación: “Es todo mentira, en Argentina la afiliación es voluntaria”.
“Es un delirio desde mi punto de vista que se quiera reventar una legislación nacional que ha sido de mucha utilidad”, cuestionó el cordobés y exdirigente docente Pablo Carro (UxP). Y agregó: “Necesitamos la opinión de las Cámaras Empresarias, no se tienen que meter con la vida de los sindicatos porque estos fondos son de muchísima utilidad. No conozco empresarios que estén en contra de esto, sí conozco políticos que ideológicamente están en contra de esto”.
Como integrante del sindicato del gas y petróleo privado, el diputado chubutense Jorge Ávila (Encuentro Federal) le retrucó a Pagano: “A todos los trabajadores nuestros los capacitamos. Hacemos balance y presentación de eso. Vamos con la documentación. Nosotros nos manejamos así porque si no se prepara al empleado no se puede trabajar, esa es la virtud de los fondos”, y apuntó: “No tiene coherencia el proyecto que estás presentando”. “No es un proyecto que nos va a cambiar la idea de ver el gremialismo. Busquen una mejor acción, de que su gobierno controle mejor. El proyecto que está presentando es ilógico, por eso no lo vamos a votar”, reafirmó.
“Lo que buscan todos estos proyectos es desfinanciar a los sindicatos. No buscan mejorarle la calidad de vida a los trabajadores, la productividad a empresarios, abaratamiento de los costos para la creación de empleo”, apuntó el dirigente sindical de SMATA Mario Manrique (UxP) y agregó: “Se está usando de excusa los aportes y contribuciones sindicales, pero se está poniendo en duda el sistema gremial”. “Todo lo que discute el sindicato es en beneficio de todos los trabajadores, afiliados o no”, insistió el dirigente de los mecánicos.
La diputada de UxP y dirigente de los judiciales Vanesa Siley también se expresó. “El problema no son los sindicatos, sino lo que emana de la negociación colectiva: los derechos laborales. Ese es el verdadero objetivo de ciertos sectores de poder en Argentina: eliminar la capacidad de los trabajadores para hacer valer sus derechos”, sentenció.
