Diputados aprobó la semana pasada el dictamen modificado del proyecto que, además de cambiar sustancialmente la Ley de Contrato de Trabajo, redefiniendo el cálculo de indemnizaciones, las horas extras, las vacaciones y el derecho a huelga, entre otros puntos, también habilita la cesión a CABA de los tribunales laborales que actualmente operan bajo la órbita nacional, en cumplimiento de la demanda autonómica del distrito.
CAPITULO V TRANSFERENCIA COMPETENCIAS CABA NACION JUSTICIA LABORAL
La iniciativa laboral volvió al Senado -tras la modificación del dictamen y la eliminación del artículo 44 de licencias médicas- y el próximo viernes se llevará a cabo la sesión para que sea ratificada o eventualmente rechazada en conjunto con el entendimiento entre las autoridades nacionales y porteñas por la justicia laboral.
En caso de ser aprobado, pone un plazo de 180 días para la entrada en vigencia, tiempo durante el cual deberán trabajar en el plan de transición para poner en marcha los juzgados del trabajo de la Ciudad. Además, remarca que será CABA la encargada de seleccionar los jueces e integrantes del Ministerio Público Fiscal que conformarán los diez juzgados de Primera Instancia del Trabajo y las dos salas de la Cámara de Apelaciones del Trabajo.
Fuentes gubernamentales porteñas confiaron a Ámbito que a través del acuerdo «se traspasan las competencias» pero los expedientes activos previos a la sanción y los conflictos colectivos y de competencia federal -negociación colectivas, convenios colectivos y acciones sindicales- continuarán bajo el designio del fuero nacional. La justicia porteña tomará inicialmente los nuevos casos sobre conflictos individuales.
Judiciales, en pie de guerra contra el traspaso del fuero a CABA
El acuerdo anticipa el cierre del Fuero Nacional Laboral con sede en CABA a raíz de «la pérdida de competencia» que se generará a través del traspaso. Según aclararon desde CABA, el traspaso abarca a las competencias del Fuero «pero no a las personas».
Ante ese contexto, y a raíz de la incertidumbre por el futuro de los puestos de trabajo, el gremio la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) realizan una toma de la sede ubicada en Diagonal Roque Sáenz Peña 760. Cientos de trabajadores judiciales se movilizaron hasta la puerta e ingresaron al edificio en señal de protesta contra el traspaso.
«Hoy el día inició con una toma que después se convirtió en paro contra el traspaso», dijo a Ámbito la secretaria adjunta del gremio, Maia Volcovinsky, quien ratificó que la medida de fuerza continuará este martes. «Mañana convocamos a una movilización al Palacio que también estará acompañada por un paro que comenzará a partir de la convocatoria de la marcha», señaló, que iniciará las 11hs.
Por el eventual traspaso, desde la UEJN estiman que más de 1.600 personas se verían afectadas por posibles despidos ante el cierre del fuero nacional. «Nadie habló hasta ahora de qué va a pasar con ellos», se quejó Volcovinsky, haciéndose eco del malestar que habita entre los trabajadores judiciales.
maia volcovinsky
La toma de la sede fue calificada por el gremio como una «acción excepcional» adoptada por los trabajadores en el marco de «la gravedad del proceso de desmantelamiento en curso impulsado por una norma que vulnera de manera palmaria la Constitución Nacional». La comisión nacional del gremio respaldó la medida y confirmó la convocatoria al paro por 48 horas.
En un comunicado, definieron al convenio de traspaso como «centralista y regresivo» que constituye «una verdadera traición a los/as trabajadores/as y a la función constitucional que cumple la Justicia del Trabajo». En paralelo a la huelga llevarán a cabo acciones judiciales «orientadas a neutralizar los efectos de una ley manifiestamente inconstitucional y contraria a los tratados internacionales con jerarquía constitucional».
La transferencia de competencias «reviste una gravedad institucional extrema», advirtieron desde UEJN, y sus consecuencias «pueden resultar irreparables para la tutela judicial efectiva de los derechos laborales», en el marco de la discusión de una reforma laboral que anticipa una catarata de presentaciones judiciales, tanto por vía de trabajadores cesanteados como por gremios que consideran que podrían verse vulnerados derechos adquiridos. La CGT anticipó que judicializara la ley si es aprobada.
Desde Nación califican al fuero como «anti empresa» y «afín al kirchnerismo», motivo por el cual buscan acelerar la transferencia hacia un ámbito más amigable al mundo empresarial. Esperan así terminar con lo que denominan como la «Industria del Juicio». En CABA consideran que el traspaso acelerará los tiempos de resolución de las causas, lo que será beneficioso para el trabajador, pero también para el empleador.
La advertencia de los jueces
En el distrito tienen sede las principales compañías locales y extranjeras que operan en el país. Una importante fuente del Partido Justicialista nacional aseguró a este medio días atrás que el traspaso usa como excusa la autonomía de la Ciudad para habilitar la designación de jueces afines al macrismo. «Es para tener jueces pro-empresa designados por Macri», no dudó en disparar. Unas 1.250 personas ya se inscribieron en los seis concursos habilitados para cubrir vacantes.
Días atrás, jueces de primera instancia de la Justicia Nacional del Trabajo remitieron una carta a la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la que expresaron su preocupación por el efecto que podría tener el traspaso a CABA. Advirtieron que el fuero recibe “aproximadamente 60.000 nuevas causas por año”.
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Turismo CABA
Si se pusieran en marcha los diez juzgados laborales que prevé la ley 6789 aprobada en diciembre 2024 por la Legislatura porteña, cada uno debería absorber cerca 30 expedientes por día. “Difícil habrá de ser la anhelada celeridad expuesta en la presentación de la ley si cada juzgado debe recibir casi 600 expedientes nuevos por mes”, alertaron.
La Justicia del Trabajo es considerada como el último resorte del trabajador para que sean reconocidos sus derechos laborales. La cifra de causas podría incrementarse al calor de los cambios que impulsa la reforma laboral.
