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Las conversaciones fueron publicadas por Priscila Schettini, candidata a la Asamblea, y Angélica Porras, aspirante a la Corte Constitucional.
Un nuevo escándalo impacta en Ecuador luego de que se filtraran casi 9.000 supuestas conversaciones, en chats digitales, del asesinado candidato presidencial Fernando Villavicencio, en interacciones que ponen en entredicho las acciones de funcionarios públicos como la fiscal general, Diana Salazar, y develan presuntos vínculos con grupos criminales y de narcotráfico.
Las conversaciones fueron publicadas en redes sociales por Priscila Schettini, candidata a la Asamblea, y Angélica Porras, candidata a la Corte Constitucional, quienes aseguran que los supuestos chats se encontraban en el teléfono celular que pertenecía Villavicencio, asesinado el 9 de agosto de 2023 durante la campaña electoral, reseñó el medio local Primicias.
«¿Por qué miente Diana Salazar?», increpó Schettini a la fiscal general en la red social X. «Existe un link con los chats de Fernando Villavicencio con usted, jueces, periodistas», dijo la dirigente, al divulgar el enlace que aloja las conversaciones del excandidato, a quien usuarios que las han leído señalan ahora como un «extorsionador» mientras estuvo con vida.
Las declaraciones de Schettini y Porras contrastan con la versión de la Fiscalía ecuatoriana, que afirmó el martes que el celular de Villavicencio se encontraba bajo «cadena de custodia» en manos del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) de EE.UU., por lo que la información que circulaba era «falsa» y «no podría estar en posesión de quienes intentan generar confusión a puertas de una campaña electoral».
La Fiscalía de Ecuador sostiene que el teléfono no fue analizado por sus especialistas sino por el FBI, entidad que entregó en diciembre de 2023 una copia con el contenido del aparato, como parte de la investigación del crimen.
Según medios como Radio Pichincha y La Posta, entre las interacciones hay chats de Villavicencio con la fiscal Salazar, conversaciones que revelarían que la titular del ente acusador habría amenazado con allanamientos a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones de 2021, que disputaron Guillermo Lasso y Yaku Pérez.
