Cuando llegó al edificio de Avenida Belgrano, a pocas cuadras del Congreso, a Camila le temblaba todo el cuerpo, por los nervios. Ingresó a las 12 en punto del mediodía, media hora antes del examen, con su DNI en mano. Afuera la esperaban sus compañeros de ATE Capital, que fueron los últimos en darle ánimo. Hizo la fila y una vez sentada frente a la computadora, en el aula 16 del segundo piso del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), confirmó lo que suponía: las preguntas, bastante tontas, le provocaron más risa –y bronca– que miedo. “En general eran fáciles, con respuestas múltiple-choice”, dice a Página/12. La evaluaron, cuenta, en base a pensamiento lógico matemático y comprensión lectora. “Pero no hubo prácticamente nada sobre el funcionamiento del Estado en sí, sobre mis responsabilidades cotidianas y mis tareas”, se queja. Como le fue bien, recibió un «premio» que a la luz de la ola de despidos que podrían llegar a fin de año le pareció una burla: un diploma de “aprobado” que lleva la firma digital del ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. “Tengo pensado usar el aguinaldo para enmarcarlo y mandarlo a colgar en mi pieza”, dice con ironía.
Igual que Camila, miles de empleados públicos empezaron a copar la semana pasada las aulas del INAP, obligados a rendir los “exámenes de idoneidad” del Gobierno. Los primeros turnos fueron el lunes pasado y se espera pasen por el examen unas 40 mil personas. La penalidad para aquellos que no lo superen es la no renovación de sus contratos, amenaza que dejaron trascender los propios funcionarios libertarios. Como a la mayoría se les vence, a fines de diciembre, la última extensión por tres meses que les firmó el Gobierno –una angustiante modalidad de despidos por goteo– la mayoría acude como si estuviera caminando hacia la guillotina.
La evaluación consiste en unas 20 preguntas para los administrativos y en 24 para los profesionales, en su mayoría centradas en la lectocomprensión y la resolución de problemas y ecuaciones simples, además de unas pocas sobre el funcionamiento burocrático interno, como la utitilización del sistema de expedientes GDE. El cuestionario no incluye temas relacionados con el área de cada trabajador: a los del ex Desarrollo Social, como Camila, no les preguntan por la situación social, ni por el rol del Estado en los territorios, ni sobre cómo elaborar un informe socioambiental. Algunas de las preguntas, en cambio, rozan el absurdo. Por ejemplo, se les pide que hagan una regla de tres simple, como si estuviesen en primer año de la secundaria. Las proposiciones incluyen distancias a recorrer en Kilómetros o cantidad de obreros necesarios para arreglar una pared. «No sólo es una burla. A esta altura, con las listas negras, los despidos y el maltrato constante, lo sentí como una provocación», resume Camila sobre su experiencia.
—No evaluaron mi trabajo, sino mis conocimientos previos. Nada de lo que me preguntaron me sirve. Y lo peor es que nos evalúan tipos que endeudaron al país y que con suerte, a veces, logran pronunciar bien una oración completa —cuenta Camila.
El examen se puso en marcha sin la venia de los sindicatos del sector, que denunciaron que viola los convenios colectivos de trabajo. El Gobierno, por su parte, insiste con que la reforma del Estado y los superpoderes incluidos en la Ley Bases avalan la iniciativa. ATE Capital presentó un amparo que pide suspenderla, alegando falta de transparencia y de garantías legales, además de su carácter inconsulto.
La cautelar recayó en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nro. 3, a cargo de Santiago Carrillo, que viene de fallar una de cal y otra de arena para el Gobierno: es el mismo que declaró inadmisible un amparo de diputados nacionales contra el DNU que restringió el acceso a la información pública y el que rechazó la intención de que la SIGEN audite a las universidades. A fines de la semana pasada hizo lugar al planteo del gremio y le dio un plazo hasta este jueves a Sturzenegger y a los funcionarios que idearon el examen para que aporten documentación que respalde el procedimiento. «El amparo puede no prosperar, pero lo hacemos por la arbitrariedad de lo que está sucediendo”, dijo el secretario general de ATE Capital, Daniel Catalano.
«Es una medida de hostigamiento, persecutoria. No estamos en contra de evaluar al personal, pero este examen no busca la excelencia en el Estado, sino excluir», agregó Catalano en diálogo con este diario, y advirtió que el gremio seguirá con las movilizaciones para frenarla.
En paralelo, varios de los que quisieron inscribirse tuvieron problemas: la página de la Secretaría De Transformación Del Estado Y Función Pública (SEP) se cayó durante el pico de ingresos y fueron muchos los que no encontraron turnos para poder rendir, lo que obligó al Gobierno a extender el plazo de los exámenes durante enero. A ese error de cálculo se lo sumó que la idea original de los funcionarios libertarios era tomar los exámenes con tablets, pero como no funcionaban, tuvieron que descartarlas; otros que rindieron también señalaron que algunas de las respuestas, incluso… estaban mal.
«El tiro por la culata»
Este diario consultó al entorno de Sturzenegger sobre cuáles fueron los resultados de la primera semana de exámenes, pero la respuesta fue que no habían datos procesados. De todos modos, desde ATE Nacional, que hizo su propio relevamiento, informaron que el 96,3 por ciento de los exámenes fueron aprobados. Según el sindicato, unos 4156 agentes rindieron sus exámenes hasta ahora, de los cuales aprobaron 4002. El gremio aprovechó para exigir el pase a planta permanente de quienes rindieron bien. “Al Gobierno le salió el tiro por la culata”, apuntó el secretario general, Rodolfo Aguiar. «Parece que en el Estado los burros no somos los trabajadores, son los funcionarios que llegaron el 10 de diciembre del 2023», chicaneó.
Para Aguiar, el Gobierno «fracasó en el intento ilegal de seguir estigmatizando y desprestigiando el empleo público». «Como era de esperar, todos los exámenes están siendo aprobados por los agentes y según el propio Ejecutivo, se está demostrando su idoneidad. Por lo tanto, debe ponerse a los trabajadores en ejercicio del derecho constitucional de estabilidad y tienen que ser incorporados en la planta permanente del Estado. Subsidiariamente, los contratos deben renovarse automáticamente y por un año como plazo mínimo”, dijo.
Una experiencia humillante
Romina, trabajadora del ex Ministerio de Cultura, describió su experiencia como «humillante». «Cuando ingresé había profesores, que nos pedían que apaguemos el celular. Tuve que pasar como tres postas de chequeo de datos antes de llegar al aula, después de una fila enorme de compañeros», contó. «Estamos viendo que la amyoría de los compañeros están aprobando, hay muy pocos datos de gente que le haya ido mal, pero igual los hay, sobre todo de gente grande, con hijos que mantener, que entran asustados por la posibilidad de quedarse sin trabajo y se bloquean», agregó.
Ella, que también se llevó un «aprobado», tampoco sabe bien qué hacer con el diploma de Sturzenegger. «Cuando recibís el diploma, además, viene con un código QR que cuando lo abrís, lanza papelitos de colores, tipo cotillón. Cuando vi eso, dije !ya esta! Nos toman por idiotas».
