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Los firmantes consideran que las sanciones contra la isla «están golpeando directamente a su población y desequilibrando de manera permanente su economía».
Un grupo de 35 expresidentes y exministros pidieron en una carta al mandatario de EE.UU., Joe Biden, que antes de que termine su mandato, saque a Cuba de la lista de Estados Patrocinadores del Terrorismo (SSOT, por su sigla en inglés) y alivie «la situación de millones de personas inocentes.
Los firmantes, entre los que se encuentran la expresidenta brasileña Dilma Rousseff, la argentina Cristina Fernández de Kirchner, el colombiano Ernesto Samper Pizano, el ecuatoriano Rafael Correa, el boliviano Evo Morales, o el español José Luis Rodríguez Zapatero, consideran que las razones que se exponen están sustentadas «en un contundente llamado humanitario».
«En el Gobierno de Barack Obama -del cual usted fue parte- se avanzó en un paso histórico para el alivio de esas sanciones y la normalización de relaciones diplomáticas entre dos vecinos que no tienen porqué privarse de su mutua cooperación por el simple hecho de tener sistema políticos con inspiraciones ideológicas distintas», reza la carta de la que se hace eco W Radio Colombia.
«Sin prueba alguna»
Asimismo, añade que «sin prueba alguna se sindica a Cuba de tener vínculos con actividades terroristas de las cuales ha sido víctima» y se le «imponen por esta presunción duras sanciones que están golpeando directamente a su población y desequilibrando de manera permanente su economía».
La misiva también hace hincapié en que la «difícil situación por la que atraviesa la economía» cubana se explica por las «sanciones unilaterales aplicadas por los EE.UU.», y recuerda que el bloqueo contra Cuba ha sido condenado en más de 30 resoluciones por mayoría absoluta en la Asamblea General de la ONU.
Además, señala que los firmantes tienen «la profunda convicción» de que el Gobierno de Cuba «está seriamente comprometido con el terrorismo y a favor de la paz en la región y en el mundo», por lo que consideran que las sanciones son «una medida coercitiva difícilmente justificable en pleno siglo XXI».
«Está injusta decisión afecta además a la carta universal de los derechos humanos (…) al impactar en los sectores más vulnerables de la población golpeados en el último tiempo por los efectos nefastos de la pandemia, agudizados por la falta de medicamentos y equipos para atender la emergencia», indica el texto.
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