A la espera de la resolución de la Justicia de EEUU, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, reiteró que Argentina no estaría en condiciones legales de cumplir con la entrega de acciones a los fondos buitres.
A horas de que la Corte de Apelaciones de EEUU resuelva si autoriza o no la entrega de las acciones de la empresa YPF en la causa por la expropiación, el Gobierno afirmó que un fallo desfavorable sería «incumplible» en la práctica. El Tribunal deberá determinar si mantiene la suspensión del fallo, si levanta la orden o si pide al país que presente otra garantía.
El 30 de junio pasado, la jueza de la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, falló en contra del país y dispuso que la Argentina entregue las acciones de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park como forma de pago de la indemnización fijada en u$s16.100 millones más intereses. La defensa argentina presentó una apelación para frenar la orden y, mientras tanto, el tribunal concedió una suspensión temporal.
A la espera del fallo que saldría en las próximas horas, el jefe de Gabinete Guillermo Francos habló en Radio Nacional al respecto. “Pueden dictarla, pero si lo hacen, es una decisión incumplible por parte del gobierno nacional, porque existe esta famosa ley que hemos comentado, la ley por la que se expropió la empresa», señaló.
De acuerdo al jefe de ministros, la legislación indica que «para que alguna vez se venda alguna acción de YPF de las que pertenecen al Estado nacional, eso tiene que ir al Congreso y ser aprobado con una mayoría especial». De manera que si la Justicia estadounidense resuelve en contra del país, no estaría habilitada para ordenar una entrega de acciones.
Expropiación de YPF: la posición de Argentina en la causa sobre el pedido de entrega de acciones
Al momento de solicitar la suspensión, la defensa argentina consideró que la magistrada se excedió en su jurisdicción y que no hay posibilidad material de expropiar las acciones. Además de pedir la suspensión de la entrega de acciones, también pidieron que se dicte una suspensión provisoria mientras la Cámara analiza si otorga una protección formal mayor.
En esa línea señaló que «Preska está invadiendo una jurisdicción» y que no puede «ordenarle algo a un Estado y las acciones son de imposible expropiación, porque están registradas en la Caja de Valores”.
También agregaron que toda decisión relacionada a la expropiación de la petrolera tiene que estar sujeta a la votación del Congreso de la Nación y obtener una mayoría especial de dos tercios. “Esto no es un juicio comercial entre dos empresas, es un caso que involucra a un Estado soberano y su ordenamiento legal interno”, agregan en el escrito.
El texto advierte que podría haber “consecuencias irreparables si se entregan las acciones de YPF sin que esté definida la cuestión de fondo”.
“No se puede poner al genio de vuelta en la botella”, agregaron los abogados en el escrito dirigido a Preska. En ese sentido, explicaron que si se transfirieran las acciones a los demandantes y luego decidieran venderlo, el daño ya sería irreversible, todavía con la instancia de apelación pendiente.
