El Gobierno oficializó este jueves la aprobación de una reestructuración en la Procuración del Tesoro de la Nación, que fija cambios en el organigrama y elimina organismos como la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.se estableció a través del Decreto 475/2025 publicado en el Boletín Oficial, y llega luego de que el Ejecutivo activara una purga luego de detectar posibles filtraciones vinculadas a la causa que enfrenta el Estado argentino con el fondo Burford por la estatización de YPF.
El decreto lleva las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. El texto no solo introduce modificaciones en el organigrama interno del organismo, sino que también establece la disolución de estructuras existentes, entre ellas la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado.
La decisión se conoció al día siguiente de que el Gobierno anunciara la desvinculación de 60 funcionarios de la Procuración. Según fuentes oficiales, esta depuración interna se justifica por razones de «eficiencia operativa«, aunque detrás también hay sospechas de filtraciones que habrían perjudicado la estrategia judicial argentina en el juicio por la estatización de YPF, en manos de la jueza estadounidense Loretta Preska.
“Claramente hubo filtraciones de información perjudicando la estrategia judicial del Gobierno”, confió una fuente del Ejecutivo. En sectores del oficialismo creen que la maniobra buscó favorecer al fondo Burford, principal demandante en la causa por la expropiación de la petrolera estatal realizada en 2013.
El Gobierno confirmó restructuración de la Procuración del Tesoro
Según precisaron desde el Poder Ejecutivo, el ajuste de personal implicará más de 60 desvinculaciones y una «drástica reducción de áreas técnicas». El Gobierno remarca que busca fortalecer la eficiencia operativa del organismo, garantizar un uso responsable de los recursos y adecuar la estructura al principio de austeridad.
Uno de los encargados de la defensa de la Argentina en la causas que se tramitan en EEUU es el abogado Robert Joseph Giuffra Jr., co-titular del estudio Sullivan & Cromwell. «El abogado de la Argentina es el abogado de (Donald) Trump, así que estamos bien encaminados ante la justicia norteamericana», aseguran desde Casa Rosada, pese a la filtración.
Sin embargo, la venta de archivos podrían comprometer la posición del país y desnudar la estrategia de la Procuración en las diferentes causas en los que se encuentra involucrado el Estado nacional. Se trata de litigios de alta sensibilidad en tribunales internacionales en los que están en juego, por caso, activos de la Nación, como la petrolera de mayoría estatal.
Desde la salida de Barra y el ingreso de Castro Videla, el organismo redujo un 20% su planta de personal, según informaron. A partir de ahora, profundizarán la reestructuración con una reducción de áreas. «El organismo pasará de seis a cuatro Direcciones Nacionales y disolverá la Escuela del Cuerpo de Abogados del Estado», informaron. La tarea que cumplía la escuela «será asumida por un centro que contará con menos de un tercio del personal con el que contaba la Escuela y que sostenía la vieja administración».
Los cambios también abarcan la reducción de unidades jerárquicas calificadas como «innecesarias» por la actual gestión, además de la «reorganización de funciones superpuestas y la reasignación de competencias estratégicas». Además, afirmaron que la reasignación de recursos permitió reducir las comitivas y los gastos en viajes oficiales.
Movimientos en la causa YPF
Los cambios fueron anunciados luego de conocida la venta de información referida a la causas internacionales en las que está siendo juzgado el Estado nacional, entre las que se encuentra el litio por la expropiación de YPF que se tramita en los Tribunales del Distrito Sur de Nueva York, el cual en el último tiempo registró múltiples movimientos. A fines de junio, la jueza Loretta Preska ordenó al país a transferir el 51% de las acciones Clase D de la petrolera YPF a los fondos buitre, entre los que se encuentra Burford, beneficiarios del fallo contra la Argentina por la nacionalización de la empresa en 2012.
Días después, Argentina apeló a través del estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP contratado por la Procuración del Tesoro, pero la magistrada ratificó su decisión. Sin embargo, este martes la Corte de Apelación del Segundo Circuito de Nueva York suspendieron por «tiempo indeterminado» la entrega del 51% de las acciones.
Mientras tanto, a la espera de novedades, el gobierno de los Estados Unidos prepara una nueva declaración de respaldo a la Argentina en el juicio por la expropiación de YPF. Tal como anticipó Energy Report al inicio de esta semana, altos funcionarios de la administración de Donald Trump tienen previsto interceder en el proceso judicial que lleva adelante la jueza Preska en favor del país.
