El Congreso busca aportar información a la investigación judicial sobre los responsables materiales e ideológicos del caso.
En el inicio de una semana en donde las investigaciones judiciales atraviesan las gestiones del Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados avanzó con distintas tareas de control. Entre ellas, discutió las condiciones de una comisión investigadora por la distribución de fentanilo contaminado en hospitales. Por la causa, han sido registrados al menos 96 muertes, distribuidas en instituciones sanitarias de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Formosa, Neuquén y Santa Fe, además de la ciudad de Buenos Aires.
Antes del debate parlamentario, familiares de víctimas tomaron la palabra. Entre ellas, Liliana Peralta, mamá de Leonel Ayala -fallecido en el Hospital Italiano de la ciudad de Buenos Aires-, quien le solicitó al Congreso «compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la provisión de fentanilo adulterado«. A su vez, solicitó asistencia psicológica los involucrados, la entrega de historia clínica de las víctimas y un pedido de informes a los centros sanitarios involucrados.
En el encuentro informativo de la Comisión de Peticiones, Poderes y Reglamento se coincidió en constituir la comisión investigadora la próxima semana con criterios de conformación similar a la abocada a la causa $LIBRA, aunque cualquier definición sería en un plenario conjunto con la Comisión de Asuntos Constitucionales. En ese marco, buscan elaborar un informe final que pueda generar información vinculante para la justicia, donde conste el rol de los laboratorios HLB Pharma Group y Ramallo, su posible vínculo con Ejecutivos provinciales y el nacional y las responsabilidades políticas y materiales de las muertes.
Entre las diferencias, el radicalismo pidió más de 90 días para la elaboración del informe (plazo acordado por la mayoría de miembros), el peronismo solicitó que la comisión investigadora sea integrada también por miembros del Senado de la Nación y el Frente de Izquierda señaló la necesidad de que los familiares de víctimas accedan también a todas las reuniones. La comisión tendría la facultad de convocar a funcionarios públicos y requerir documentación a las instituciones involucradas.
El pasado 14 de agosto, la Comisión de Acción Social y Salud Pública aprobó un dictamen unificado para realizar un pedido de información al Poder Ejecutivo, en donde conste la cantidad de víctimas con información detallada de su edad y distrito, la cronología de detección del brote, el rol de la ANMAT en las inspecciones, las medidas para garantizar el retiro de los lotes contaminados y una descripción exhaustivo de información legal de HLB Parma y Ramallo. El Congreso aún no recibió ninguna respuesta.
Fentanilo contaminado: Ariel García Furfaro apuntó contra la ANMAT
Ariel García Furfaro, el dueño de HLB Pharma, detenido por las 96 muertes ocurridas por el fentanilo contaminado, aseguró que es inocente y repartió responsabilidades. “Yo no hice nada”. En su declaración indagatoria ante el juez Ernesto Kreplak, García Furfaro aseguró que, si el fentanilo está contaminado con bacterias, “las puso otra persona”. “Esa persona es Andrés Quinteros”, sentenció.
Andrés Quinteros fue mano derecha de García Furfaro. Fue apoderado del laboratorio, y según declaró el detenido, habría sido quien saboteó las ampollas por la mala relación que tenían. García Furfaro relató que, en una oportunidad, Quinteros quiso sustraer 30 ampollas de morfina del Laboratorio Ramallo a través de una tercera persona, y que distintos testigos le habrían advertido sobre un «atentado con fentanilo«.
También se refirió a la ANMAT: “Los problemas que hay los maneja el laboratorio con ANMAT. Siempre lo cierra la parte técnica con ANMAT». Asimismo apuntó que el organismo no alertó antes sobre la infección de fentanilo y las muertes en el Hospital Italiano de La Plata. El juez Kreplak deberá definir su situación procesal los próximos días.
Informe Fernando Brovelli.-
