Unas de las alertas que provocó la redacción del presupuesto es el artículo 30, que define la derogación de leyes que fijan mínimos de partidas presupuestarias a la educación y la ciencia. Entre sus reformas, remueve un párrafo de la Ley de Educación Nacional que establece un 6% como piso de inversión en todos los niveles del sistema educativo, en simultáneo a que elimina de la Ley Nº 27.614 el criterio de progresividad que debe tener el área de ciencia y tecnología (que, entre otras cuestiones, emplea a investigadores universitarios) hasta alcanzar el 1% del PBI en el 2032. Este último sector también buscará, durante la sesión, avanzar en la declaración de su emergencia.
Además, el proyecto presentado por Javier Milei -que iniciará su discusión legislativa el miércoles 24 de septiembre- propone una partida de $4,78 billones para universidades, partidas que no aplacan la reducción del último año y medio. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), «en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023«. Además, desde octubre del año pasado no existe una reunión paritaria entre el sector y el Gobierno, que otorga aumentos definidos unilateralmente. Hasta agosto del 2025, el sindicato CONADU registró una caída del 28% del salario real de los profesores con dedicación simple y 10 años de antigüedad, en comparación con noviembre del 2023.
Desde Casa Rosada, encargada de negociar los 86 votos que blinden el veto presidencial, subrayan que la aprobación del proyecto tendría un impacto de $1.959.974 millones, equivalentes a 0,23% del PBI y más de diez veces la erogación correspondiente a la emergencia en salud pediátrica, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La respuesta que reciben desde la oposición es el deterioro paulatino que sufrió el sector, que se sostendría si el aumento de 2026 es un 8% encima de la inflación -como lo estipula el Presupuesto-, considerando que el incremento será sobre las partidas de este año y no sobre el financiamiento educativo de 2023: si se lo compara con ese año, el retroceso es del 33%.
Financiamiento universitario: reacción en Diputados
Ese es el marco en el que llega la sesión en Diputados para insistir en la ley de financiamiento universitario, que de revertirse tiene que pasar por el Senado. «Hay que dejar de pensar en el principio de revelación. Hay que conseguir los votos», interpretó para este medio Germán Martínez (Unión por la Patria). «Lo que suceda dentro de la Cámara es responsabilidad de los legisladores», planteó su compañera de bloque, Blanca Osuna, aunque añadió: «Pero esto es algo que también les atañe a los gobernadores, que deben comprometerse y no pueden quedarse entrampados en el ‘toma y daca’ perverso que les propone el Gobierno nacional, tirándoles monedas para cooptar voluntades».
En declaraciones radiales, la radical Danya Tavela (Democracia para Siempre) subrayó que «lo único que hace el Presupuesto es consolidar el recorte del 40% que han sufrido los docentes y los no docentes en sus salarios».
Otros de los que sumará para revertir el veto es Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), quien en sus redes sociales analizó que «es poco creíble que prometa aumentos en jubilaciones, educación, salud y acompañamiento a los sectores más vulnerables, mientras veta sistemáticamente las leyes que el Congreso sanciona para sostener justamente esas políticas». «La partida a $4,8 billones sigue siendo un ajuste. Hoy el presupuesto vigente es de $4,2 billones, con apenas $2,8 billones ejecutados. El ‘aumento’ prometido es inferior al 15% nominal y, con la inflación actual, es un ajuste encubierto«, precisó.
La reacción universitaria también fue inmediata. «Los $4,8 billones anunciados por el presidente para las universidades el año próximo implica anualizar para el 2026 lo percibido a diciembre de 2025, y queda muy lejos de los $7,3 billones necesarios para que pueda funcionar normalmente el sistema», sostuvo el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en un comunicado.
El mismo reclamo ocurrió en el 2024, cuando el Ejecutivo propuso destinar para universidades $3,8 billones cuando el CIN exigía $7,2 billones: la diferencia radicaba, en ese marco, en la inclusión del incremento salarial en los cálculos. Precisamente, la reapertura de paritarias es uno de los reclamos de la ley de financiamiento universitario vetada, junto con la actualización de fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
