El fiscal José Luis Agüero Iturbe solicitó que el expresidente quede en estado de falta de mérito, al considerar que la investigación requiere más medidas de prueba.
El frente judicial del expresidente Alberto Fernández sumó un nuevo capítulo que podría modificar su situación procesal en la causa conocida como «Seguros». El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Luis Agüero Iturbe, solicitó este martes que se revoque el procesamiento dictado contra el exmandatario y que se lo coloque en estado de falta de mérito, un paso que no implica sobreseimiento pero que abre la puerta a que la investigación continúe sin la imputación formal actual.
El planteo fue formulado en audiencia pública ante la Cámara Federal, instancia a la que Fernández concurrió personalmente acompañado por su abogada defensora, Mariana Barbitta. Según argumentó el fiscal, resulta necesario avanzar con nuevas medidas de prueba antes de confirmar si el exjefe de Estado tuvo responsabilidad directa en el esquema que se investiga, vinculado a contrataciones de seguros durante su gobierno.
Decisión pendiente de la Cámara Federal
La definición ahora queda en manos de los jueces de la Cámara Federal, Eduardo Farah, Martín Irurzun y Roberto Boico, quienes resolverán una vez finalizadas las audiencias correspondientes al resto de los procesados en el expediente. Fernández y su abogada, por su parte, reclamaron la nulidad del procesamiento alegando violaciones al derecho de defensa.
El derrotero judicial de la causa ha sido complejo. En julio de 2024, la Corte Suprema ya había rechazado un intento de Fernández por apartar al juez Julián Ercolini, quien inicialmente instruyó el expediente. Con la firma de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, el máximo tribunal consideró que el recurso presentado “no se dirigía contra una sentencia definitiva”.
Si bien Ercolini ya no tiene intervención porque sólo subrogaba el Juzgado Federal N°11 -históricamente ocupado por el fallecido Claudio Bonadio-, la estrategia de la defensa apuntaba a cuestionar su actuación anterior y sentar un precedente sobre supuesta parcialidad. Desde febrero, la investigación está a cargo del juez Sebastián Casanello.
El propio Fernández expuso de manera directa en la Cámara Federal. Allí insistió en su planteo de enemistad con Ercolini, con quien, dijo, había tenido en el pasado una relación de amistad que se deterioró tras decisiones judiciales contra referentes del kirchnerismo. Incluso recordó que, durante su gestión, él mismo había promovido una denuncia contra el magistrado ante el Consejo de la Magistratura. Esa línea argumental fue descartada tanto por la Cámara como por la Casación, y más recientemente por la Corte Suprema.
En paralelo, el juez Casanello procesó a Fernández por el delito de “negociaciones incompatibles con la función pública”, figura que prevé penas de hasta seis años de prisión. En su resolución, sostuvo que el ex mandatario utilizó su rol institucional para favorecer a Héctor Martínez Sosa, broker de seguros vinculado a su entorno cercano y para quien había trabajado antes de llegar a la Casa Rosada. De acuerdo con la hipótesis judicial, Fernández intervino de manera activa en la expansión de los negocios del grupo Martínez Sosa dentro del Estado.
