Las organizaciones que defienden a los represores esperaban cerrar el año con un fallo que ordenara a los tribunales o juzgados federales que los tienen detenidos que busquen medidas alternativas a la prisión. Esa resolución, por el momento, no será posible. No les funcionó siquiera el fórum shopping que practicaron porque la Cámara del Crimen dijo que deberán tramitar el hábeas corpus en distintas jurisdicciones federales.
En noviembre pasado, diez asociaciones de “memoria completa” presentaron un hábeas corpus en favor de los represores que están presos. Su principal argumento es que se agravaron las condiciones de detención. Alegan que no se cumple con la Convención Interamericana para Personas Mayores, que desalienta la cárcel para los adultos mayores, y afirman que sus defendidos son constantemente discriminados.
Las estadísticas muestran lo contrario. Según la Procuraduría de Crímenes Contra la Humanidad (PCCH), solo un 20 por ciento de los detenidos está en la cárcel. El hábeas corpus se centró en 86 presos por crímenes contra la humanidad que están alojados en la Unidad 34 de Campo de Mayo, el Complejo Penitenciario VII y la Unidad 19 de Ezeiza, Mendoza, Córdoba y Salta. El recurso excluyó a la cara más conocida del terrorismo de Estado, Alfredo Astiz. No se sabe si por decisión del exmarino o por estrategia de los abogados que motorizaban la acción.
El miércoles, el juez Martín Yadarola –que estaba a cargo del hábeas corpus– volvió a decir que no tenía competencia material o territorial para intervenir. Fue la tercera vez que el magistrado rechazó continuar con la acción.
Justicia y Concordia, que es la asociación de abogados que encabezó la estrategia, apeló su decisión ante la Cámara del Crimen. Los abogados Alberto Solanet, María Laura Olea, Ricardo Saint Jean y Guillermo Fanego despotricaron contra Yadarola y lo acusaron de haber tomado una decisión prematura.
El principal punto de discordia fue la audiencia que se llevó a cabo el 12 de diciembre en el séptimo piso del Palacio de la calle Talcahuano. Yadarola ordenó que únicamente hablara un represor en representación de cada uno de los pabellones. Hubo algunos que hicieron berrinches y otros que finalmente expusieron largamente como Juan Daniel Amelong, que terminó amenazando con denunciar a todos los jueces que lo tienen privado de su libertad. Amelong es un caso particular, ya que Victoria Villarruel lo había presentado como una víctima del proceso de justicia.
Los represores querían hacer un show extenso. Antes de la audiencia, el juez recibió una comunicación de los detenidos en el pabellón “D” de la Unidad 34 de Campo de Mayo en la que sugerían usar el salón 3 del sector visitas para que pudieran participar todos ellos. El juez no accedió.
Durante la audiencia, Saint Jean les preguntó a los funcionarios de segunda línea del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y de la subsecretaría de Asuntos Penitenciarios por qué los represores eran “tratados como perros”. También le preguntaron al enviado del SPF –que depende directamente de Patricia Bullrich– cuántos detenidos mayores de 70 años había en las cárceles federales que no lo estuvieran por causas de lesa humanidad. El funcionario se comprometió a aportar la información por escrito, pero, según Justicia y Concordia, el dato nunca apareció. Lo que buscaban mostrar los integrantes de la asociación es que los represores sufren un trato discriminatorio que no persigue otro objetivo más que el “castigo”.
Según Justicia y Concordia, no hay razones de seguridad para mantenerlos en prisión, ya que hace 20 años no se registran fugas en casos de lesa humanidad. Tendrían que revisar los datos porque hace once años, por ejemplo, se escaparon Gustavo de Marchi y Jorge Olivera. Los dos están actualmente en sus casas. En febrero de este año festejaron juntos los 50 años de casados de Olivera y su esposa, Marta Ravasi.
El grupo presidido por Solanet sostiene que toda la justicia federal tiene un comportamiento “omisivo” frente a sus presentaciones. “No se puede omitir señalar por lo demás que la omisión alcanza a la Cámara Federal de Casación Penal que se ha negado a resolver un plenario donde se solicitaba expresamente que se analizara el instituto de la prisión domiciliaria”, escribieron.
Los argumentos no lograron conmover al camarista Hernán López, que convalidó la decisión de Yadarola. En el fallo firmado el viernes al que accedió Página/12, López dijo, por un lado, que Justicia y Concordia había reeditado una estrategia que ya en diciembre de 2015 la Corte había dicho que no funcionaba –llevar cuestiones vinculadas a los presos de lesa a la justicia ordinaria y no a la federal– y que solo los jueces que los tienen a cargo pueden decidir medidas alternativas de prisión o resolver cuestiones vinculadas a la salud de los represores.
Yadarola entendió que el hábeas corpus tendrá que repartirse en las cinco jurisdicciones en las que están las cárceles donde están alojados los represores. Por ejemplo, la justicia federal de Lomas de Zamora deberá analizar los planteos de los presos en Ezeiza mientras que la justicia federal de San Martín deberá ceñirse a la situación de los detenidos en la Unidad 34 de Campo de Mayo.
Si bien esto no descarta que puedan tener alguna resolución favorable, los grupos que abogan por los represores ya no tendrán un fallo único como buscaban. Entre sus pretensiones estaban que el juez les ordenara a sus colegas federales buscar alternativas a la prisión, que se aprobara un régimen especial de trato para los detenidos de lesa y que se ajustaran los informes que debe confeccionar el SPF ante pedidos de excarcelación.
Los emprendedores de la memoria completa
Justicia y Concordia viene siendo el mascarón de proa de los grupos que impugnan el proceso de verdad y justicia en la Argentina. Esta semana, la organización –que se conformó en agosto de 2009– se anotó una gran victoria con el fallo de la Cámara Federal porteña –integrada por Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia– que ordenó investigar el ataque de julio de 1976 a la sede de la Superintendencia de Seguridad Federal (SSF) –más conocida como Coordinación Federal–, donde funcionaba la inteligencia de la Policía Federal Argentina (PFA) y un centro clandestino de detención.
Entre sus integrantes se encuentran Olea y Saint Jean, dos de los abogados que coordinaban con diputados de La Libertad Avanza (LLA) distintas estrategias para favorecer a los represores. Todos eran congregados por el cura Javier Olivera Ravasi, hijo de Jorge Olivera y Marta Ravasi.
En mayo de 2022, Justicia y Concordia pidió una reunión en la Cámara de Casación después de que sus autoridades recibieron a los organismos de derechos humanos. En ese momento, reclamaron un plenario para discutir si la prisión domiciliaria debe ser automática para los mayores de 70 años. Sin embargo, recién lo pidieron formalmente en un caso el 11 de diciembre del año pasado, un día después de la asunción de Javier Milei.
El grupo tiene vasos comunicantes con las usinas del gobierno libertario, más allá del vínculo malogrado con los diputados que fueron a reunirse con Astiz y compañía en el penal de Ezeiza. En octubre, Saint Jean –hijo del interventor de la dictadura en la provincia de Buenos Aires– fue uno de los oradores de La Derecha Fest. Allí dijo que había más presos que militares en Campo de Mayo y reclamó el cierre de la PCCH, a la que calificó de “refugio de comunistas y kirchneristas que no aplican las leyes y tuercen la verdad”.
