Luego de renunciar a su designación por decreto presidencial como miembro de la Corte Suprema, tras la decisión del Senado de rechazar su pliego por una abrumadora mayoría, Manuel García Mansilla le envió una carta a la vicepresidenta y titular del Senado, Victoria Villarruel. Allí desplegó una serie de críticas al proceso parlamentario que establece de la Constitución Nacional y que provocaron su eyección del poltrón de supremo. En la misiva de 35 carillas, el abogado y exdecano de la Universidad Austral, afirma que se “hablaron falsedades e irregularidades reglamentarias” y que el Senado retrasó todo el proceso de designación, al tiempo que defendió la decisión de Javier Milei. Aunque lleva ya varios días presenta, los otros tres integrantes del máximo tribunal -que habían aceptado tomarle juramento- aún no aceptaron su renuncia.
Gran parte del extenso texto del descargo, redactado en el mismo estilo que una presentación judicial, García Mansilla se dedicó a intentar desmentir que durante la audiencia pública en la Cámara alta nunca había afirmado que él hubiera rechazado un nombramiento por decreto, como quedó expresado en los dictámenes de la Comisión de Acuerdos que llevaron su pliego de candidato al recinto del Senado que lo rechazó con una mayoría contundente de 51 votos de sus 72 integrantes.
Allí cuestiona los argumentos esgrimidos por algunos senadores “a mi aceptación del nombramiento en comisión como juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el decreto 137/25”. “Me veo en la obligación de realizar algunas aclaraciones necesarias para preservar la verdad de los hechos y la integridad del proceso constitucional”, expresó en la carta. Las críticas fueron dirigidas “a los senadores Lousteau y Tagliaferri, y, por otro lado, a Mayans, Di Tullio, Corpacci, Uñac, Fernández Sagasti, Kirchner y Ledesma Abdala”, por haber utilizado una “versión parcial” de sus afirmaciones durante la audiencia pública en sus respectivos dictámenes.
El catedrático sostiene que durante la audiencia pública en el Senado manifestó, en respuesta a una pregunta específica de la senadora Anabel Fernández Sagasti, «una reflexión en retrospectiva sobre el decreto 83/15, dictado en 2015». «Allí dije que no hubiera aceptado un nombramiento en comisión y aclaré que esa reflexión la hacía ‘con el diario del lunes’”, siguió.
“A ningún Senador –insiste García Mansilla en el escrito– se le ocurrió, en el momento de la Audiencia, que yo estuviera asumiendo un compromiso futuro sobre una hipótesis que no fue planteada ni imaginada por nadie en ese momento y que, seis meses después, se concretó por otras vías”. Y agregó: «Ese precedente disuadirá a futuros candidatos a ser abiertos a la hora de responder para evitar que les paso algo similar».
Según García Mansilla, aquella interpretación constitucional fue sobre las designaciones realizadas por decreto del entonces presidente Mauricio Macro en 2015 pero, que con su propia designación de por medio, modificó diez años después: el abogado sostiene que el Decreto 137 que firmó Milei, fue un proceso “público, transparente y contó con el cumplimiento de todos los pasos legales que exige la normativa vigente, inclusive la participación de la ciudadanía (cosa que tampoco había ocurrido en 2015)”. Para el excortesano, él ya había atravesado uno de esos requisitos constitucionales, la audiencia pública en la que cosechó rechazos y ningún apoyo, aunque faltara aún la decisiva aprobación del Senado.
Luego se quejó que la Cámara alta trató su pliego nueve meses después que el Ejecutivo lo envió al Senado y que juró (el 26 de febrero de este año) como integrante de la Corte Suprema en comisión seis meses después de haber atravesado la audiencia pública. En la misiva apuntó contra el Senado al sostener que la Cámara Alta “no trató los pliegos ni en sesiones ordinarias ni en extraordinarias mientras la Corte Suprema continuaba funcionando con una integración reducida”.
“El nombramiento en comisión constituye una herramienta legítima que evita prolongar artificialmente el funcionamiento incompleto de la Corte Suprema, que tiene una de las vacantes hace tres años y medio”, agregó García Mansilla, defendiendo la decisión presidencial.
«Se habían generado dos vacantes en la Corte Suprema, que quedó reducida a solo tres miembros desde el 29 de diciembre de 2024. Sin embargo, una de las vacantes existentes a esa fecha tenía ya más de tres años. Es francamente sorprendente que, a pesar de la importancia y del peso que tiene cada juez en un tribunal con una integración tan reducida, se hubiera naturalizado la existencia de una vacante sin cubrir durante un lapso tan prolongado. A esa anomalía institucional se le había sumado una nueva vacante, que agravó aún más la situación y que, incuestionablemente, requería también ser cubierta sin dilaciones», dice el escrito de García Mansilla para tratar de justificar su juramento como cortesano por decreto.
