Pese a la escandalosa suspensión de la última sesión en Diputados, que volvió a exponer que la sobreactuación de malos modales se legitimó como un recurso para rascar trascendencia, la estrategia opositora alcanzó éxito en los temas más sensibles de la agenda pública. La mayoría que acompañó la necesidad de aumentar el financiamiento para la educación universitaria y la salud pediátricano desafían tanto el equilibrio fiscal como sí el plan del Gobierno de achicamiento del Estado: si eso ingresa en tensión, se rehabilitan las alternativas en los caminos de lo público.
La estrategia parlamentaria del oficialismo continúa siendo exitosa. Con cuatro meses de actividad legislativa ordinaria, la oposición no consiguió aprobar ninguna ley ni derogar ningún decreto. La sistemática parálisis de las comisiones que presiden diputados libertarios traban toda iniciativa que no venga de Casa Rosada y es por eso que todo avance necesita un proceso más extenso: primero consensuar proyectos por fuera del recinto, luego emplazarlos -es decir, obligar a que se debata en comisiones-, conseguir el dictamen y volver a llevarlo a la sesión para conseguir la media sanción. A partir de allí, es tarea del Senado, que ya tiene cuatro proyectos en su etapa final.
En la última sesión, el entramado opositor llegó hasta la mitad de camino y el martes 8 de julio puede dar un paso más. Los emplazamientos dispusieron el debate para la emergencia de salud pediátrica (a las 12 horas) y para el financiamiento universitario (a las 16), desde donde pueden salir dictámenes para facilitar su media sanción en la Cámara. Pero lo más importante se vio en el reparto de los acompañamientos: enredado en negociaciones presupuestarias con los gobernadores, perdió aliados que le garantizaban una mayoría parlamentaria. En este momento, el oficialismo no tiene asegurado siquiera el tercio de los votos.
Para oponerse al emplazamiento, La Libertad Avanza sólo tuvo a su lado al PRO. Las votaciones fueron 164 – 66 a favor del debate de la salud pediátrica y 161 – 68 en el caso de financiamiento universitario. Con estas cifras, que incluyen un radicalismo fragmentado y apoyos imprevistos (desde San Juan, Córdoba y Salta), la oposición incluso puede esperanzarse en revertir un veto presidencial. Aún así, el oficialismo evitó la aprobación sobre tablas -que precisan dos tercios de los votos- y sostiene fidelidades de las gobernaciones de Chubut, Tucumán (en estos dos casos se ausentaron), Entre Ríos, Río Negro y Mendoza. También desde el radicalismo cordobés, ¿son insinuaciones de potenciales alianzas en el próximo desafío electoral?
Los proyectos
La ley de financiamiento universitario se tratará en un plenario de las comisiones de Educación y Presupuesto. Su redacción, presentada por rectores y la comunidad docente, pide la reapertura de paritarias (que no se convocan desde octubre), fondos para gastos de funcionamiento, becas y desarrollo científico y la conformación de una caja de $10.000 millones, con actualización anual por IPC, para impulsar el ingreso a carreras estratégicas.
La entrerriana Blanca Osuna (Unión por la Patria) planteó que el financiamiento universitario, comparado con el 2023, cayó un 45,3% en términos reales. “Milei está incumpliendo la Ley 24.521 de Educación Superior, que expresa que el Estado Nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y la fiscalización de las universidades nacionales», señaló. A ella se le sumó la bonaerense Danya Tavela (Democracia para Siempre), otra de las promotoras del proyecto, que apuntó que los «docentes que han perdido más del 80% de su poder adquisitivo en términos reales»: «No se trata de estar o no de acuerdo con este Gobierno. Se trata de preservar el derecho a estudiar».
En tanto que la declaración de la Emergencia de Salud Pediátrica busca garantizar -hasta diciembre del 2027- los recursos presupuestarios «para bienes de uso y consumo, insumos críticos, mantenimiento de infraestructura, medicamentos, vacunas, tecnologías médicas y personal esencial destinados al cuidado y atención pediátrica en el país». A su vez, establece la «recomposición inmediata de los salarios del personal».
Antes de la sesión del miércoles, el Gobierno cambios para el régimen de residencias, entre ellos una concepción del carácter formativo y de beca de las residencias médicas, y deja por fuera la definición de una relación laboral. Un día después de conocerse el decreto, residentes del Hospital Garrahan se movilizaron a Plaza de Mayo entendiendo que la reforma provoca la desviación de los aportes al sueldo durante 4 años o más, eliminando garantías del trabajo en relación de dependencia como los aportes jubilatorios o el aguinaldo.
