«Cuando la maten yo estoy camino a la costa», dijo –según un testigo– Gerardo Milman a sus asesoras, 48 horas antes del intento de magnicidio a Cristina Kirchner en 2022. La denuncia sobre la posible conexión política entre el diputado del PRO y el atentado fue invisibilizada por la jueza María Eugenia Capuchetti y nunca avanzó. Tampoco la investigación sobre por qué borró los datos de su celular y los de sus colaboradoras antes de ser entregados a la Justicia. Dos años y medio después, Milman lanzará un contraataque. Se presentará este miércoles en los tribunales de Comodoro Py para denunciar a la expresidenta por presunto «autoatentado».
«El diputado irá a las 10. Calculamos que va a estar una hora, tal vez un poquito más, y luego va a hablar con los medios presentes», explicaron desde el entorno de Milman. El mes pasado, sin ningún tipo de pudor, el diputado auguró que, en los próximos meses y a medida que avance el juicio “se podrá determinar quién le dio esa pistola” a Fernando Sabag Montiel. Sin ruborizarse, aseguró que «hay elementos que permiten suponer que el atacante no actuó solo y que alguien le proporcionó el arma». Además, puso en duda el atentado contra la entonces vicepresidenta y reconoció que borró contenido de su teléfono celular en los días posteriores al ataque. «Como cualquier ciudadano, tengo derecho a manejar mi privacidad», se justificó.
Fue justamente la querella de Cristina Kirchner la que pidió investigar el contenido de los teléfonos del diputado, luego de que un testigo lo haya acusado anticipar el atentado dos días en un bar frente al Congreso. El pedido de peritar su celular había sido requerido en más de una oportunidad por el abogado José Manuel Ubeira, en el tramo “político” de la causa por el atentado. La jueza a cargo, María Eugenia Capuchetti, y luego la Cámara, se negaron a hacerlo.
Milman recién decidió hablar el mes pasado. En una entrevista, aseguró que la denuncia de la expresidenta le provocó “fobia” y que recién ahora sintió que estaba “en condiciones de hablar”. Afirmó que hay «pruebas contundentes» sobre el origen del arma utilizada por Sabag Montiel en el intento de atentado del 1° de septiembre de 2022, aunque optó por no dar precisiones: «Las evidencias indican que no actuó solo. Hubo alguien que le facilitó el arma, y eso es lo que realmente merece una investigación profunda», expresó. También remarcó que «este no fue un episodio aislado (en referencia al atentado), hay algo más detrás», y que “pronto se podrá identificar quién le entregó esa pistola» al integrante del grupo de los copitos. ¿De dónde saca que “pronto” habrá avances?
Aparentemente, la respuesta está en que revisó todo el expediente: «Por eso creo que en los próximos días surgirán novedades importantes. Son miles de fojas que me tomé el trabajo de leer para intentar comprender, en definitiva, quiénes son los verdaderos responsables de, entre comillas, el atentado a Cristina Fernández de Kirchner», dijo, dejando entrever dudas sobre la autenticidad del ataque.
Desde el mismo día del atentado, el diputado está bajo la mira de los abogados de CFK. En los proyectos de resolución que presentó dos semanas antes del hecho, se insinuaba que alguien —»algún vanguardista iluminado»— intentaría atentar contra CFK «para agitar el clima de violencia que se estaba generando, con un ataque falso, con el objetivo de victimizarla y sacarla de las complicaciones judiciales en las que está atrapada». Esa coincidencia con lo que ocurrió no fue la única. En ese mismo texto, que reclamaba información sobre su custodia, aparecía la frase: «sin Cristina hay peronismo y sin peronismo sigue habiendo Argentina».
¿Y el celular?
En la misma charla, Milman reconoció que se eliminaron datos de los teléfonos después del atentado, y ofreció una explicación polémica sobre por qué su exasesora Ivana Bohdziewicz borró información de su dispositivo en el marco de la causa. «Ivana eliminó cosas del celular porque contenía datos personales, de esos que hoy tienen los jóvenes», justificó ante el portal MDZ el accionar de su colaboradora. Sobre su propio teléfono, señaló: «Mi celular no fue requerido por la justicia, así que si quería podía tirarlo desde un noveno piso o al Riachuelo, o cambiarlo. Es mi propiedad privada y hago con ella lo que quiero. No tengo nada, y nadie me lo pidió», dijo.
«Me armaron esta causa y la pasé mal, como si hubiera tomado una curva a 1200 kilómetros por hora. Salía a la calle y algunos me veían como un héroe, otros como un asesino. Me provocó una fobia y opté por bajar el perfil hasta sentirme emocionalmente apto para afrontarlo», se lamentó.
