Es un lapso inédito. Abril de 2023 fue la última vez que el Senado aprobó pliegos para cubrir vacantes de juzgados. En el medio, se aceptaron alrededor de 160 renuncias de magistrados que se acogieron a la jubilación o dejaron sus cargos, lo que acrecentó el problema sistémico que afecta al Poder Judicial. El presidente Javier Milei no nombró a ningún juez desde que asumió, lo que lo convierte en otro récord para el primer año de gestión de un mandatario. Ya acumula 184 ternas para definir, y hace un mes había anunciado que se enviarían pliegos al Senado –probablemente en tandas de 70 primero- pero nada de eso ocurrió.
El peine fino lo está pasando Sebastián Amerio, el viceministro de Justicia, en tándem con Santiago Caputo a quien le reporta y es el encargado de la estrategia judicial macro. Atrás quedaron las promesas que había desparramado el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona de repartir lugares entre los postulantes de acuerdo a su afinidad con ellos.
Desde que asumió Javier Milei, no hubo nombramiento de jueces
Desautorizado en una gestión diluida, tampoco se consideraron ciertos vetos que había hecho llegar a algunos participantes de concursos por su desempeño en causas anteriores, donde el estudio de su familia había sido parte litigante perjudicada. Hoy, los actores del sistema saben que el vórtice de poder está en el despacho del principal asesor presidencial y que, si desde allí no surge una definición, no la habrá. Es lo que vino ocurriendo estos meses, donde todas las semanas pareciera que se iba a realizar un envío de los mensajes para que el Senado apruebe pliegos, pero no sucedió.
Un monitoreo hecho por el Consejo de la Magistratura detectó la existencia de 305 vacantes tanto en la justicia federal como en la nacional, ahora en el centro de la polémica por el fallo de la propia Corte Suprema que los exponía a una suerte de traspaso a CABA de facto. El Senado había tratado cero. No es completa su responsabilidad.
El Poder Ejecutivo llamó a “recall” unos 50 pliegos que Alberto Fernández había enviado en el ocaso de su gobierno y ya muy desgastado. Es una movida lógica la de retirar pliegos cuando hay un cambio de administración de signo político distinto. Se supone que revisarán el listado, negociarán nuevamente los nombres y los remitirán lo más pronto posible.
Tampoco ocurrió y a eso se le sumaron todas las tandas de ternas que elevó el Consejo este año. Totalizaron más de 100, lo que no implica una correspondencia con la cantidad de concursos, porque algunos son múltiples.
En el último plenario del 18 de diciembre, se agregaron 23 lugares más. Además, informaron que el 40% de las vacantes que están en la órbita del Consejo por concurso, evaluación, selección, terna o elevación, la totalidad tiene su trámite iniciado. El 60% está en manos del Poder Ejecutivo que tiene 184 lugares para definir, la mayoría de jueces nacionales, federales, fiscales y defensores. Enviarlos todos juntos también podría ahora generar un efecto “Puerta 12”, con lo que el gobierno colaboró en su propia encerrona para salir el problema en el que no se visualiza cuál será el curso de acción para ir desagotando ese stock.
Quedó trabado en el envío de los pliegos para la Corte Suprema sin haber tenido éxito todavía. A eso se sumaron un par de renovaciones más allá de los 75 años por 5 más. Eso no generó problemática pero no solucionó ninguno de los problemas que miran los actores del sistema.
Los fiscales, también en emergencia
Similar problema tienen en la Procuración General de la Nación, donde hay cantidad de fiscalías de Cámara que están operando con cobertura interina porque la selección también depende del Poder Ejecutivo y la aprobación del Senado. El listado incluye tres vacantes en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que se encarga de investigar hechos de corrupción de funcionarios públicos.
Luego están las fiscalías generales federales de la Cámara de Apelaciones de Resistencia y la federal de prima instancia de Puerto Iguazú, además de la N°2 de Posadas; la fiscalía federal de Villa Mercedes, la de Paso de los libres y la N°2 de Corrientes capital y su superior ante la Cámara de esa provincia; la fiscalía federal de Caleta Olivia y la de Río Gallegos.
La lista se completa con cinco fiscalías del fuero laboral y la fiscalía general y adjunta a la Cámara del Trabajo. Este mapa habrá que ver cómo queda con la decisión del gobierno de Jorge Macri de aprobar la creación de diez juzgados laborales en la órbita porteña que operarán bajo su control. Es exactamente la cantidad de juzgados que están vacantes en la justicia nacional y ahora los manoteó la Capital Federal, con sus correspondientes fiscalías. Otro problema en términos de traspaso.
Hay otras cuatro fiscalías vacantes en el fuero penal Económico que es considerado federal porque atañe a todo lo relativo a cuestiones de contrabando, lavado de activos y delitos que puedan ser denunciados por el fisco. Otras cuatro vacantes corresponden a las fiscalías generales ante los Tribunales Orales en lo Criminal, los que se encargan de llevar adelante los juicios orales. Son 28 vacantes de alto impacto.
El problema –más allá de ser sistémico- ahora se convirtió en un asunto político de cada vez más difícil resolución. Esos 18 meses se convertirán en 20 sólo por la cuestión cronológica del inicio de sesiones en el Congreso, en marzo. Nada indica que haya solución por más que se reanude el periodo ordinario. El contador seguirá corriendo.
