Los trabajadores anunciaron una convocatoria para el próximo miércoles 4 de febrero en las inmediaciones del centro médico. Insisten en la implementación de la emergencia.
Una nueva noticia consternó a la comunidad del Hospital Garrahan: en las últimas horas, se rescindieron 70 contratos de empleo público temporal en la guardia. En ese marco, ratificaron la realización de un «Cabildo Abierto», para continuar los reclamos sobre el sector.
La convocatoria será el miércoles 4 de febrero a las 16 horas en el centro sanitario, en coincidencia con la movilización que se realizan en las inmediaciones del Congreso de la Nación, impulsada por personas con discapacidad y jubilados. Precisamente estos tres sectores estuvieron involucrados en vetos presidenciales y en otras herramientas del Ejecutivo para evitar la aplicación de los proyectos aprobados en el ámbito parlamentario.
Según precisó la Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT), entre los 70 contratos se encontraban profesionales «médicos, kinesiólogos, bioquímicos y otras especialidades que están con contratos de empleo público temporal, algunos por más de 10 o 15 años, cubriendo cargos esenciales».
«Por orden de la dirección médica del interventor del hospital, Mariano Pirozzo, se les informó el día 26 de enero pasado que sus contratos habían sido rescindidos el 31 de diciembre y que lo trabajado en enero, para poder cobrarlo, debían firmar un contrato de ubicación de servicio, cambiándoles rotundamente las condiciones de trabajo de manera unilateral», detallaron. A su vez, también apuntaron contra los «44 sumarios contra trabajadores por luchar por salarios dignos y al cierre del jardín maternal para enero y febrero»
Se promulgó la emergencia pediátrica, pero frenó su aplicación
El Gobierno promulgó en octubre las leyes de emergencia pediátrica (también conocida como Ley Garrahan) y de financiamiento universitario. No obstante, su aplicación quedó postergada hasta que el Parlamento determine las fuentes de financiamiento e incluya las partidas correspondientes en el Presupuesto 2026.
La decisión se formalizó mediante los decretos 759/2025 y 760/2025, publicados en el Boletín Oficial, con los cuales el Ejecutivo promulgó las leyes 27.795 y 27.796. Sin embargo, al igual que ocurrió con la ley de emergencia en discapacidad, el Gobierno aclaró que las medidas no podrán ejecutarse sin una definición clara de cómo se cubrirán los costos. En esa línea, el Ejecutivo recordó que el Congreso “omitió indicar de manera fehaciente” la forma de financiar las erogaciones que implican estas normas.
El Decreto 760/2025 promulgó la Ley 27.796, que declara la emergencia sanitaria en salud pediátrica y en las residencias nacionales de profesionales de la salud por un año. La norma busca garantizar el acceso equitativo a los servicios médicos para niños y niñas, fortalecer los hospitales pediátricos y recomponer los salarios del personal sanitario, además de ofrecer incentivos fiscales a quienes trabajen en áreas críticas.
El Hospital Garrahan fue designado como centro de referencia nacional de alta complejidad. El costo fiscal de la medida se estima en $196.270 millones, monto que el Ejecutivo considera difícil de afrontar dado el déficit de $102.400 millones que presenta actualmente el Ministerio de Salud.
