Los impuestos municipales son un vector clave de la competitividad empresarial, la formación de precios y la asignación de inversiones en la Argentina. El Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF) detalló la existencia de hasta 155 tributos distintos en el país, de los cuales 85 tienen origen municipal, una cifra que exhibe la dimensión de la presión fiscal que ejercen los gobiernos locales.
Si se consideran los efectos de la ley de coparticipación federal de impuestos y la coparticipación municipal proyectada, por cada $100 que ingresen a las arcas fiscales en 2025, el Tesoro Nacional retendría $25,7, la ANSES recibiría $28,1, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires concentrarían $33,7 y los municipios obtendrían $12,5.
Por otro lado, el Informe de Tasas Municipaleselaborado por el Centro de Estudios de la Unión Industrial Argentina (UIA) reveló que, durante 2024, se crearon 6 nuevas tasas a nivel nacional. Este fenómeno se intensificó en la provincia de Buenos Aires, donde 13 de los 45 municipios relevados aumentaron las alícuotas respecto de 2022, mientras que solo un municipio decidió reducirlas.
El impacto de las tasas municipales en el costo de financiamiento
La intensificación de la presión tributaria explicó el aumento del costo del crédito durante los últimos años. Las entidades financieras afrontaron subas casi constantes en las alícuotas provinciales y municipales desde 2009, de acuerdo con un informe del IERAL y la Fundación Mediterránea.
Según el análisis, la carga tributaria llegaría a explicar aproximadamente el 44% del costo total del préstamo. En términos concretos, si una persona paga una cuota mensual de un crédito personal que incluye u$s1.000 en concepto de intereses, en realidad abona u$s440 correspondientes a impuestos, mientras que los restantes u$s560 representan la tasa de interés neta aplicada por la entidad financiera.
Entre los gravámenes más relevantes figuran el impuesto sobre créditos y débitos bancarios, conocido como impuesto al cheque, impuestos a los ingresos brutos aplicados sobre operaciones de créditos, y el impuesto de sellos que grava transacciones con tarjetas y otros instrumentos. A esto se suman las tasas municipales por sucursales, cajeros automáticos y terminales de autoservicio.
Las tasas y las zonas con mayor prevalencia
El estudio difundido por la UIA identificó que una de cada tres obligaciones municipales responde a la Tasa de Inspección de Seguridad e Higiene (TISH). Este tributo, que impacta de manera directa sobre la actividad productiva y comercial, equivale al 0,7% de la recaudación total si se consideran los tres niveles de gobierno, y representa aproximadamente el 1,8% del precio final de distintos productos alimenticios.
El otro gravamen con fuerte presencia es la Tasa de Habilitación de Actividades Económicas (THAE), utilizada para autorizar formalmente el funcionamiento de los comercios e industrias.
Además, la tasa de Abasto, un cargo que se cobra sobre los productos alimenticios que ingresan a los municipios con fines comerciales, se mantiene vigente en ciertos distritos.
La encuesta que elaboró la UIA detalló que, dentro de los 45 municipios relevados en la provincia de Buenos Aires, 13 decidieron incrementar las alícuotas de sus tasas durante el período analizado. Otros 31 municipios mantuvieron los porcentajes vigentes y uno solo resolvió aplicar una reducción.
Según los datos recopilados, el porcentaje promedio que abonaban las empresas industriales era de 0,79% en 2022, mientras que en 2024 alcanzó el 0,85%.
Los responsables de la “tragedia fiscal”
Matías Olivero Vila, presidente de Lógica ONG, una asociación civil dedicada a promover la conciencia tributaria, atribuye la responsabilidad de que la Argentina figure entre los países con mayor presión impositiva a los poderes legislativos y ejecutivos en sus tres niveles de gobierno.
Sin embargo, también señaló que existe un “ecosistema fiscal” que resultó funcional a esa situación, integrado por instituciones clave como el Poder Judicial, las autoridades fiscales, el sector empresario y la ciudadanía en su conjunto.
Olivero Vila explicó que “existe un aspecto de la actuación judicial que sí incide en la política tributaria, dado que los jueces han sido, en general, cada vez más tolerantes con los excesos cometidos en las normas por los poderes políticos”.
“Estos poderes han ido sancionando normas o regímenes cada vez más violatorios de los principios constitucionales, en especial del derecho de propiedad, asumiendo que aquellos jueces tienden a forzar sus interpretaciones para que el poder político termine imponiendo su voluntad, sea por cuestiones de fondo, procesales o por los tiempos involucrados”, completó.
A su vez, agregó que “la percepción generalizada de los contribuyentes es que existe un alto riesgo de que poco o nada suceda cuando llevan sus casos a la justicia, y que aun los fallos contrarios al Estado, en general, son escritos con limitaciones para que el perjuicio sea más digerible para el fisco”. En la misma línea, continuó: “Al no existir límites judiciales contundentes ante claras violaciones constitucionales, esos poderes políticos fueron corriendo cada vez más los límites”.
