El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 7 de Buenos Aires comenzó este jueves el juicio por presuntos delitos de corrupción más grande de la historia argentina, ya que hay 87 imputados, encabezados por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La Fiscalía informó que la exmandataria, 19 exfuncionarios, 65 empresarios y dos choferes están acusados de liderar, organizar o conformar una asociación ilícita que, entre 2003 y 2015, habría recaudado dinero de distintas empresas de los sectores de la construcción, energía y transporte, a cambio de beneficiarlos con la adjudicación de contratos estatales. La época investigada coincide con los gobiernos de Néstor Kirchner y de Fernández de Kirchner.
Según lo previsto, entre noviembre y diciembre, el proceso avanzará con una audiencia semanal, pero a partir de marzo de 2026 se añadirá una segunda jornada. En su mayoría se desarrollarán de manera virtual.
Se prevé que el juicio dure varios años debido a la magnitud de las denuncias, el número de imputados y los cientos de testigos que desfilarán ante el tribunal.
Fernández de Kirchner, quien ya cumple una condena por corrupción, es la principal acusada. A ella se le atribuye haber liderado la presunta asociación ilícita y ser coautora, en 204 casos, del delito de cohecho pasivo.
Acusados
Entre los funcionarios que serán sentados en el banquillo de los acusados se encuentran el exministro de Planificación Federal, Julio De Vido; el exsubsecretario de esta dependencia, Roberto Baratta; el exsecretario de Transporte, Ricardo Jaime; y los exsecretarios de Obras Públicas y Transporte, José Francisco López y Juan Pablo Schiavi.
Uno de los costados inéditos del juicio es que decenas de acaudalados hombres de negocios tendrán que testificar ante la justicia, ya que generalmente los escándalos de corrupción quedaban ligados únicamente a funcionarios.
Algunos de los empresarios imputados son Ángelo Calcaterra (primo del expresidente Mauricio Macri); Enrique Menotti Pescarmona; Aldo Benito Roggio; Benjamín Gabriel Romero; Rudy Fernando Ulloa; los hermanos Carlos y Osvaldo De Sousa; y Cristóbal Manuel López.
Previo al inicio del debate, en septiembre pasado, las defensas de 47 empresarios y de cuatro exfuncionarios efectuaron sus respectivas propuestas de reparación integral, que incluían el pago de multas millonarias y entrega de bienes, desde vehículos de lujo y barcos, pero todas fueron rechazadas. «En esta fiscalía no se vende impunidad», fue la lapidaria respuesta que recibieron.
La causa
La investigación comenzó en agosto de 2018, cuando el diario La Nación publicó el contenido de unos cuadernos en los que Oscar Centeno, quien había sido chofer del exsubsecretario Roberto Baratta, supuestamente detallaba nombres, horarios y lugares en donde los funcionarios recibían y repartían millonarios sobornos por parte de los empresarios.
El caso estuvo envuelto en múltiples polémicas desde el principio, ya que un policía retirado, Jorge Bacigalupo, le entregó los cuadernos de Centeno al periodista Diego Cabot, quien a su vez acudió al fiscal Carlos Stornelli para que iniciara la causa judicial formal que terminó el fallecido juez Claudio Bonadío.
Los originales de los cuadernos nunca aparecieron porque Centeno afirmó que los había quemado y el proceso avanzó con base en fotocopias que, tiempo después, se denunció que estaban adulteradas.
Al final, Stornelli acusó a Fernández de Kirchner y a su fallecido esposo y antecesor, Néstor Kirchner, de haber organizado un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilícito con el fin de enriquecerse y de utilizarlos para la comisión de otros delitos.
«Los líderes y organizadores de esa estructura paraestatal diagramaron un circuito de recaudación de dinero centrado, principalmente, en el otorgamiento y adjudicación de obras públicas y/o servicios, y otros beneficios vinculados al desarrollo de la relación de esos privados con el Estado Nacional», afirmó el fiscal. A partir del jueves, se abre el plazo para demostrar las acusaciones.
