La justicia recibió este martes un hábeas corpus preventivo contra el decreto del Poder Ejecutivo 383/2025 que prevé la detención de personas, requisas y registro de personas sin orden judicial en la vía pública y en el marco de operativos de prevención, como pueden ser los operativos en actos públicos y manifestaciones.
En la presentación se pidió a la justicia que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que “respeten el derecho a la protesta de los manifestantes que se congreguen tanto el 18 de junio de 2025 en respaldo de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, como en las adyacencias del Congreso para acompañar el reclamo de los jubilados, en virtud de los parámetros y obligaciones internacionales que pesan sobre el Estado Nacional”.
También se solicitó que se ordene al Poder Ejecutivo Nacional que se abstenga de llevar adelante procedimientos para individualizar y/o detener o requisar personas.
La acción judicial fue interpuesta por Daniel Catalano, secretario general de la Asociación Trabajadores del Estado – Seccional Capital (Ate Capital), con el patrocinio letrado de Rodolfo Yanzón.
El documento judicial es una presentación en la que se solicitó un habeas corpus preventivo y colectivo que busca “proteger los derechos civiles y políticos, especialmente el derecho a la protesta social”, de las personas que participen en manifestaciones frente al Congreso en apoyo a los reclamos de los jubilados y en respaldo a la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
La solicitud se fundamenta en “la amenaza actual, inminente y potencial a estos derechos debido a medidas gubernamentales como el Decreto 383/2025, que permite detenciones arbitrarias y requisas sin orden judicial, y el uso del Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público, cuestionado por su constitucionalidad y denunciado ante organismos internacionales”.
Argumentó el letrado que esas acciones han generado violaciones a derechos fundamentales, incluyendo violencia física.
La presentación destacó la importancia de garantizar judicialmente la protección de los derechos de los manifestantes, citando normativa nacional e internacional, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y advertencias de organismos internacionales sobre el uso excesivo de la fuerza en protestas.
“Impulso esta acción como consecuencia de la escalada represiva decidida por la ministra de Seguridad de la Nación en las distintas manifestaciones y movilizaciones, intensificada con el Decreto 383/2025, con el propósito de disciplinar y acallar a la sociedad civil (como ejemplo, el intento de homicidio que padeció Pablo Grillo, que Bullrich respaldó públicamente)”, dice uno de los párrafos de la presentación.
Se solicitó se ordene al Poder Ejecutivo Nacional y al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que respeten el derecho a la protesta y se abstengan de realizar detenciones o requisas arbitrarias. Además, se formuló reserva del caso federal por involucrar derechos constitucionales.
