La decisión judicial había sido tomada por la magistrada Martina Isabel Forns, titular del Juzgado Federal en lo Civil y Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N°2, y será efectiva por el plazo de seis meses. Se trata de la misma jueza que intervino en la disolución de Vialidad Nacional.
Forns avaló una medida cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y suspendió los alcances del DNU 462/2025, que realizaba transformaciones significativas en otros organismos (como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial), con el objetivo de «evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo».
«La medida atacada debilita la autonomía técnica del INTI y expone a su personal a recortes arbitrarios», consideró la jueza en su fallo, en donde remarcó que el decreto presidencial «es un cambio estructural que pone en riesgo la continuidad del servicio científico-técnico del INTI y los derechos laborales».
El Gobierno apelará fallo que suspendió la disolución de Vialidad Nacional
El pasado 17 de julio, el vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó que el Gobierno apelaría el fallo del Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo Nº2, que suspendía la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad dispuesta en el DNU 461/2025. En su decisión, Forns planteó que el organismo, con 93 años de antigüedad, podría generar “traslados forzosos, desvinculaciones encubiertas o vaciamientos funcionales” en un organismo técnico que requiere autonomía para cumplir con su rol.
El mismo DNU 461/2025, publicada el 7 de julio -dos días antes del cierre de facultades delegadas- determinó la eliminación de la Agencia de Seguridad Vial, encargada de las políticas de prevención de exceso de velocidad, control de alcoholemia y las campañas de concientización de educación vial. En el año de su creación -2008- hubo 5.361 víctimas fatales por situaciones viales, mientras que en el 2024 se registraron 3.894.
Desde la agencia, advierten que se ponen en tensión los puestos de trabajo de unas 700 personas, quienes serían reemplazados por agentes de Gendarmería sin formación en el área. Así, se dejaría sin control rutas críticas y zonas de alta siniestralidad, quebrando la coordinación federal con provincias y municipios.
